Los intendentes y Berni, los ganadores de Guernica

Cuando Pablo Picasso describió su cuadro más famoso, el que retrata los bombardeos fascistas sobre el pueblo de Guernica durante la guerra civil española, dijo: “El toro representa la brutalidad y la oscuridad, y el caballo, el pueblo”. La sensación de que la brutalidad de la policía siempre se despliega sobre los mismos volvió a recorrer desde el jueves el imaginario de muchos sectores políticos y sociales que votaron al actual Gobierno –e incluso forman parte de él– con la esperanza de revertir esa constante, y al parecer la perdieron, por lo menos algunos. La Guernica de la Provincia de Buenos Aires desnudó contradicciones profundas en el Frente de Todos y abrió una nueva herida: estuvieron quienes repudiaron abiertamente la represión (desde Juan Grabois hasta Daniel Catalano, referente de ATE Capital, pasando por la UTEP, el movimiento social más grande del país, conducido por el Movimiento Evita) y hubo quienes hicieron todo lo posible para que el desalojo se realizara como se hizo, entre ellos la propia intendenta del partido de Presidente Perón, Blanca Cantero, nada menos que la esposa del triunviro de la CGT, el barrionuevista Carlos Acuña, ligado a Sergio Massa. Que la grieta está también dentro del propio Gobierno no es ninguna novedad, pero sí lo es la certeza de que cada vez se inclina más para un lado que para el otro.

En el entorno de Sergio Berni referían a este medio que la decisión del ministro de desplegar semejante operativo (4 mil efectivos, casi la mitad de la bonaerense) para desalojar el predio se impuso sobre las opiniones de otros sectores de los gobiernos nacional y provincial, que sostenían que las tomas eran antes que nada un problema social, además de un delito. Una discusión de largos meses. En este caso, el orden de los factores sí altera el producto, y quedó a la vista. Más allá de su costumbre de inflarse el pecho, Berni –que invitó en exclusiva a los medios opositores para la transmisión de la represión– recibió un gesto que no puede interpretarse de otra manera que de respaldo cuando ayer, el gobernador Axel Kicillof entregó a su lado 60 camionetas Ford blindadas a la bonaerense. También estaba Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, lindante con Presidente Perón.

“Para nosotros fue un quiebre esta represión”, confiaba una dirigente de DDHH de una de las organizaciones que siguieron de cerca todo el proceso. Esa posición sirve para resumir muchas otras que circularon en las redes sociales. El repudio fue unánime en buena parte de la base electoral del Gobierno, al punto que el propio presidente debió salir a dar explicaciones. La justificación de Fernández -quien participó además de otro de los actos con la agenda de la “seguridad”, en Lomas de Zamora- fue que el desalojo “fue producto del accionar policial dispuesto por la Justicia”, desligando a la política. Pero dejó sabor a poco.

En principio, porque la decisión judicial tenía ya más de un mes de vigencia, pero la Provincia había conseguido tres prórrogas. La última vencía ayer. A las siete de la tarde del miércoles, pocas horas antes que entrara a reprimir la policía de Berni, las negociaciones del Ejecutivo provincial con las familias que aún quedaban dentro del predio se rompieron. Diagonales pudo confirmar, a través de fuentes vinculadas con las negociaciones, que Berni pidió tiempo hasta el lunes para armar el operativo, con la idea de que algunas familias más firmaran el acta de acuerdo y se retiraran. Eso no fue posible, porque medió la decisión política –política, no judicial– de reprimir (o en todo caso, de avalar la represión) por parte del Gobierno.  

"La postura de Larroque fue cínica, se retiró de la negociación cuando los delegados y las delegadas estaban dispuestas a firmar un acuerdo”, dijo la referente de Barrios De Pie, Silvia Saravia. Del otro lado del mostrador insistían incluso luego del desalojo que las conversaciones fracasaron por la postura “radicalizada” de algunas organizaciones, entre ellas la de Saravia. Lo que está claro es que, en la víspera de la represión, se estaba cerca de una salida pacífica. ¿Por qué no se logró una nueva prórroga que evitara lo que pasó?

Eduardo Soares, de la gremial de abogados, uno de los letrados mediadores entre las partes, dio su propia explicación sobre los hechos en una entrevista con el medio alternativo Barricada TV. “Hasta el martes estábamos contentos porque estábamos a punto de firmar el acta de acuerdo. El acuerdo implicaba que se fueran por su propia voluntad tres de los cuatro barrios que quedaban. Hasta que el ministro Larroque dijo que él no podía firmar, porque no podía garantizar que la represión no se produjera. La fiscalía estaba decidida a desalojar. El acuerdo que estaba arreglado se pateó, cuando estábamos a punto de festejar”, dijo.

Soares también recordó una reunión con la fiscalía, una semana antes, en la cual le dejaron en claro que el desalojo estaba al caer. Para el abogado, “la fiscalía responde al poder político de la provincia, en este caso particular, a los intendentes de la tercera sección”. La semana pasada, la intendenta Cantero había recibido el respaldo de una decena de ellos, junto a quienes se fotografió en un acto con la pandemia como marco.

De alguna manera, la suerte para las familias estaba echada y hubo una decisión política de avanzar a cualquier costo, o quizás al revés: hubo una decisión de avanzar para evitar que la toma en sí se transformara en un costo político mayor.

De todas maneras, el gesto –si es que se lo puede llamar así– de la represión televisada sí tuvo un costo, sobre todo en el sector progresista del Frente de Todos. El CELS y el Serpaj de Adolfo Pérez Esquivel, veedores del operativo, lo calificaron de “desmedido”. Grabois, desde Entre Ríos, también criticó el desalojo, señalando que la justicia y la policía siempre actúan en favor de los poderes fácticos, a espejo de la derrota que sufrió a manos de los Etchevehere.

Hubo otros municipios que manejaron el problema con real efectividad. El municipio de Moreno, como contó este medio, logró desalentar 120 tomas en lo que va del año, básicamente con un trabajo preventivo, sin que sea necesaria la violenciapolicial.

Las imágenes que se vieron el jueces desnudaron, además, la profundidad de la fractura social que vive el país. No sólo las familias fueron desalojadas con violencia desmedida, sino que fueron tratados como delincuentes, cuando antes que nada son pobres, empobrecidos por las decisiones políticas de quienes los señalan y deben darles respuestas. Por esos mismos a quienes votaron, equivocados o no.