Tal como lo hizo en Pilar, la magistrada dio lugar a una cautelar presentada por el Frente de Todos, luego de que se difundiera que el Ministro de Producción y Trabajo de la Nación Dante Sica, iba a entregar un subsidio de cinco mil pesos, para unas 114 mil personas desocupadas.

Según precisó el portal Infobae, el peronismo advirtió que la medida violaba el artículo 139 del Código Electoral de la Nación, que establece una pena de uno a tres años para quien "compeliera a un elector a votar de manera determinada". Al mismo tiempo, destacaron que la medida no fue publicada en el Boletín Oficial y que “que existen testimonios de intendentes y dirigentes que confirmaron que el beneficio creado fue prometido a los votantes a cambio de apoyar a los ejecutivos que lo conceden y se han remitido planillas con datos personales de los futuros posibles beneficiarios”.

El subsidio, con fecha final de cobro al 8 de noviembre, fue considerado por Servini como  "posible objeto de ‘condicionar’ a algunos electores, a través de la ayuda social legalmente ordenada, la que se otorgaría a cambio de apoyar al actual gobierno nacional”.  

En este marco, la magistrada advirtió que esto podría podría redundar "en una posible vulneración de los derechos políticos de ciudadanos que sufren una injusta postergación en nuestro país, en razón de que se podría atentar contra el derecho a elegir libremente a las Autoridades que deberán regir los destinos del país en los próximos años; es decir, se verían obligados a votar a cambio de mantener una ayuda social”.

En ese sentido, Servini prohibió a Sica disponer tales fondos, “hasta pasadas las elecciones generales previstas para el día 27 de octubre próximo”.