Más del 70% de aprobación al DNU de telecomunicaciones: Clarín se queda sin argumentos contra el Gobierno

“Duhalde habló de un golpe de Estado y nadie sabe por qué lo dijo” tituló Clarín su tapa de ayer. Para lectores suspicaces, una declaración cuasi auto incriminatoria. Duhalde, que ya le había prestado grandes favores comerciales a Clarín durante su presidencia, soltó su inesperada e incomprensible bomba días después del DNU 690/20, que declaró los a las telecomunicaciones como “servicio público en competencia”. Pero a pesar del lobby del grupo y las declaraciones incendiarias de sus voceros, dos elementos complican sus posiciones: por un lado, una medición sobre el impacto del DNU muestra una amplia aceptación de la medida por parte de los usuarios, cercana al 80 por ciento; por otro, las inversiones y ganancias del Grupo, y de las empresas de telecomunicaciones en general durante el macrismo, desarticulan el argumento de que ahora van a dejar de invertir. La presión del multimedios sobre el gobierno de Fernández no es la defensa de una empresa pujante frente al avance de un Gobierno interventor, sino una práctica sistemática que puede rastrearse en toda la historia reciente: el grupo avanzó en posiciones jurídicas y comerciales, casi siempre, durante los primeros años de los gobiernos.

APROBACIÓN CERCANA AL 80%

Un relevamiento nacional de la consultora Analía del Franco, realizado sobre 1061 casos de personas entre 16 y 74 años, reveló que el 71,9% de los encuestados está de acuerdo con la declaración de los servicios de telecomunicaciones como “servicios públicos en competencia”. El número desagregado es todavía más fuerte: un 40,8% está “muy de acuerdo” con el anuncio, y un 31,1% manifiesta estar “de acuerdo”. Tan solo un 21% de los consultados se manifestó en contra, dividido en 12,5% “en desacuerdo” y 8,5% “muy en desacuerdo”.

Si se considera otro aspecto del DNU, el congelamiento de los precios de estos servicios hasta el 31 de diciembre, la aprobación aumenta. El 78.9% expresó su acuerdo, mientras que solamente el 18,6% estuvo en desacuerdo. Nuevamente los desagregados permiten una lectura aún más favorable al DNU: del 78,9% que manifestó su acuerdo, un 49,3% lo hizo expresando estar “muy de acuerdo”, y un 29,6% “de acuerdo”. Lógica inversa para quienes estuvieron en contra, que mayoritariamente eligieron la categoría “en desacuerdo”, un 11,2%, dejando tan solo un 7,3% para la opción “muy en desacuerdo”.

Frente a la consulta sobre qué le parecía el hecho de que ahora las empresas no podrán aumentar precios sin que el Estado lo autorice, un 37,3% manifestó que le parecía “muy bien”, un 30,5% que le parecía “bien”, un 15,7% que le parecía “mal”, y sólo un 9,3% “muy mal”. Sumadas, las categorías de valoración positiva dan un total del 67,9%, y las negativas un 25%. Otra pregunta interesante planteada en el relevamiento consultó a los encuestados sobre el argumento de las empresas según el cual el congelamiento de precios afectará el nivel de inversiones y la calidad del servicio. El 52,4% de los encuestados se inclinó por la respuesta “no tienen razón, es una excusa”, mientras que el 36,6% contestó que las empresas  “si tienen razón”.

DERRIBANDO MITOS: ARGUMENTOS EMPRESARIOS VS DATOS DE LA REALIDAD

La reacción empresarial no se hizo esperar. Anteayer, un importante número de empresas del sector, entre las que se destacaban las del Grupo Clarín, Telefónica, Telecentro, Claro, Direct TV y hasta la china Huawei, sacaron una solicitada en los medios para expresar su desacuerdo con la medida. Sus argumentos, que no tiene mucho sentido enumerar pues son los mismos de siempre, se pararon sobre ciertos sentidos comunes que el empresariado ha logrado consolidar en la sociedad argentina para su permanente usufructo: “cualquier regulación estatal significa una intervención”; “la intervención estatal destruye la competencia”; “la intervención estatal desalienta las inversiones y empeora la calidad del servicio”. Ahora bien, cabría aplicar aquí un concepto que Damián Loreti y Luis Lozano desarrollaron en un extenso estudio sobre los devenires históricos de la libertad de expresión y su defensa: “cabe cuestionar por qué existe desconfianza sólo frente al gobierno y no ante las corporaciones (...) No existe -decimos nosotros- una teoría de protección de la libertad de expresión basada en la desconfianza hacia las corporaciones”.

Habría que aclarar primero que el carácter de servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia que el DNU le restablece a las telecomunicaciones no significa una intervención del Estado en las empresas, ni tampoco que el Estado impondrá desde ahora las tarifas. Éstas, simplemente deberán ser discutidas en audiencias públicas y abaladas por el Estado, como sucede con otros servicios públicos. Tal vez esto es lo que pretenden evitar las empresas con sus argumentos brumosos e intencionalmente confusos, pues les quitaría la posibilidad de desplegar aumentos exagerados sin tener ningún costo público, tal como lo hicieron en los últimos años. Un ejemplo a citar, revelado por un informe de Alejandro Bercovich en su programa de C5N, Brotes Verdes, es el aumento de algunos abonos de celulares durante 2019. Un pack de minutos y SMS libres más 15 GB de datos para navegación pasó a costar, en promedio, de $1699 en enero del año pasado a $3249 en diciembre, un aumento del 91% en menos de un año y yendo muy por encima de la inflación general.

Esto se corrobora si se comparan las variaciones del índice de precios al consumidor (IPC) general y el de las comunicaciones. En el período 2016-2020, el primer indicador registró un aumento del 277% según  el INDEC, mientras que los precios de las comunicaciones tuvieron picos de 370%. En criollo, la inflación en telecomunicaciones fue de hasta 93% superior a la inflación general. Difícil no desconfiar de quienes quieran seguir fijando esos precios sin control alguno por parte del Estado.

Más ganancias es más inversión, podrían contestar desde las empresas. Lo cierto es que en el mismo informe, el periodista Alejandro Bercovich expuso los giros de dividendos del Grupo Clarín en los últimos años, y los números hablan solos. En 2015 el grupo repartió 147 millones de dólares en dividendos a sus accionistas, en 2016 fueron 267 millones, y en 2017 otros 302 millones. Pero para 2018, con la compra de Telecom efectivizada, el monto ascendió a 1222 millones de dólares. Traducido, más ganancias retiradas es igual a menos inversiones en mejorar los servicios.

Y esto es coherente con los niveles de reclamos que reciben los órganos de control por parte de usuarios y en contra de las empresas de telecomunicaciones. Este martes el Ministerio de Desarrollo Productivo informó que entre enero y julio el sector de las telco lideró el ranking de reclamos, con 24.363 denuncias, un 20% del total que hizo que el sector superara incluso a bancos y financieras. La pregunta podría ser entonces si los servicios pueden ser aún peores, con o sin DNU.

Por último, puede también considerarse el despliegue de las redes y sus momentos como una variable de análisis. Martín Becerra, docente, investigador y reconocido referente en materia de economía política de las comunicaciones, elaboró datos sobre el crecimiento de la conectividad de hogares en el país entre 2006 y 2020. Del piso del 21% de 2006 se salta a un 34% en 2010, luego a un 53% en 2015 y hoy se registra un 63%. Esto muestra cómo se dieron sucesivos grandes incrementos en la conectividad durante los gobiernos del kirchnerismo, especialmente entre 2010 y 2015, y cómo ese crecimiento mermó en los años macristas, en los que las empresas se vieron altamente beneficiadas por la desregulación estatal. Becerra rescata como posibles variables de ese crecimiento la creación de ArSat y el tendido de fibra óptica que encaró la empresa desde 2009, y el programa “Conectar Igualdad”, que desde 20015 distribuyó cinco millones de computadoras portátiles a estudiantes secundarios. Agrega, además, que “mientras estuvo vigente la noción de servicio público en competencia en telecomunicaciones, se registró la mayor inversión y expansión de servicios de comunicaciones móviles (por la licitación del 4G)”. Esa noción es la que se había establecido en la Ley 27078 “Argentina Digital”, del 2014.

En definitiva, mayor desregulación estatal no es necesariamente igual a mayores inversiones, y a la inversa, mayor presencia estatal e materia de telecomunicaciones no es necesariamente igual a peores servicios, baja de inversiones y muerte de la competencia. Más bien, parecería darse lo contrario.

PRESIONES SISTEMÁTICAS DE CLARÍN A LOS GOBIERNOS EN SUS PRIMEROS AÑOS

El principal multimedio del país no llegó a las posiciones monopólicas que ostenta por pura buena gestión empresarial. Posee en su historial un altísimo hándicap de conquistas legales, jurídicas y comerciales en los primeros años de los gobiernos de las últimas décadas. Los momentos de alta necesidad de gobernabilidad por parte de gobiernos entrantes fueron siempre muy bien capitalizados por el grupo, que siempre ostentó el poder de facilitar o dificultar esa esa bendita gobernabilidad.

Sin la necesaria escala en la turbulenta adquisición de papel prensa durante el primer año de la dictadura cívico-militar que ayudó a construir con sus silencios cómplices, podemos recalar en los beneficios que el grupo obtuvo del recién llegado Carlos Saúl Menem en los albores de los 90. Allí se derogaron artículos claves de la Ley de Radiodifusión de la dictadura (22285) que imposibilitaban la propiedad cruzada de medios, permitiendo a las empresas gráficas participar del negocio televisivo. La privatización de los canales 11 y 13, y la adquisición de este último por parte del grupo Clarín, fue un momento decisivo en la gestación del multimedios. Ya en 1994, con la Ley 24.124 que ratificó un Tratado de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, se permitió la entrada de capitales extranjeros al mercado local, antes prohibida por la Ley 22285, y el grupo se vio beneficiado con fenomenales financiamientos que le permitieron copar el negocio del momento: el cable. Entre 1994 y 1995 el grupo accedió al equivalente a más de diez años de ganancias del holding para financiar la compra de cableoperadores más pequeños a lo largo y ancho del país. Así fue que de los 1100 operadores que había a principios de los 90, para fines de esa década quedaban pocos y en un mercado dominado por solo dos jugadores: Multicanal y Cablevisión.

Pero todas esas inversiones en dólares reventaron con la convertibilidad. Y allí prestó sus servicios al grupo el agorero del nuevo golpe de Estado, Eduardo Duhalde. Las deudas en por más de 1000 millones de dólares, la tarifas pesificadas y la caída de los abonos por la crisis económica, pusieron en jaque a Clarín. El FMI presionaba para incorporar el mecanismo de Cram Down a la Ley de Quiebras para que los acreedores externos pudieran canjear deuda por acciones en las empresas, pero el oriundo de Banfield salió en rescate de los grandes medios con sucesivas modificaciones que lo impidieron. Dieciocho años después la amistad sigue intacta.

El círculo lo cerró Néstor Kirchner, quien el 18 de junio de 2003, a menos de un mes de acceder a la presidencia de la nación con un magro 22% de los votos y sin siquiera haber ganado la elección, sancionó la Ley de Preservación de Bienes y Patrimonios Culturales, que fue conocida como la “Ley Clarín”. Sediento de legitimidad social y claramente necesitado de los favores del entonces ya gigante mediático, el Presidente venido de la lejana Santa Cruz estableció que los medios de comunicación debían ser empresas nacionales con una participación de capital extranjero de hasta el 30% como máximo. Sería el primer gran favor de quien, con los años, se convertiría en el principal enemigo del grupo. A esa ley le siguió el Decreto 527 del año 2005, sancionado en mayo, meses antes de las primeras elecciones que el kirchnerismo debía afrontar siendo gobierno. Por el mismo se suspendió el paso del tiempo por diez años para las licencias de radiodifusión, extendiendo de facto concesiones de principios de los 90 y prontas a vencer, entre ellas las del grupo Clarín. Y la frutilla del postre fue la habilitación para la fusión Cablevisión Multicanal entre 2006 y 2007, que dejó al grupo como el emperador del negocio a nivel nacional. La ecuación se repetía: Gobiernos con necesidad de consolidarse o cursar alguna crisis, concesiones a Clarín cambio “buenos tratos”.

Luego vino CFK y la conocida controversia a partir del conflicto con el campo en 2008, y por primera vez en esas décadas de democracia el multimedios no contó con un tratamiento preferencial por parte del Gobierno, más bien lo contrario, como ya es conocido. Pero en 2015 Macri asumió, y a los pocos días de convertirse en Presidente emitió otro DNU, el 267, por el cual derogó artículo claves de la llamada “Ley de Medios” en beneficio de la concentración mediática que el grupo nunca soltó en los años de CFK, disolvió la AFSCA y la AFTIC para unirlas en el ENACOM, y sembró el terreno para la más fabulosa concesión de los últimos tiempos: la habilitación para la compra de TELECOM por parte del grupo. Así se permitió el conocido cuádruple play en el país, una misma compañía en posición de ofrecer telefonía fija, móvil, banda ancha y televisión por cable. Básicamente, todas las formas posibles de transmisión de datos (excepto la TV digital) concentradas en un solo jugador del mercado. Si de favorecer a la competencia hablamos.

El mecanismo sistemático de avance del grupo Clarín sobre los gobiernos argentinos en sus primeros tiempos revela que las presiones actuales no son nada espontáneas ni inocentes, sino la forma en que el conglomerado empresarial y mediático crece en momentos de debilidades del poder político. ¿Se unirá Alberto Fernández a la larga lista de Presidentes que cedieron progresivamente a esas presiones en pos de una buena relación con el Grupo y la gobernabilidad consecuente, o acompañará a CFK como un nuevo gobierno que intente imponerle condiciones y limitar su poder? Recién estamos en los primeros rounds, y el campeón de los pesados no entregará su corona fácilmente.