La empresa Vicentin que el gobierno de Alberto Fernández había decidido intervenir y expropiar, el 8 de junio pasado, ahora fue denunciada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que encabeza Mercedes Marcó del Pont, por el uso de "facturas apócrifas" por más de 110 millones de pesos.

Según denunciaron desde la AFIP, usaban "facturas apócrifas" a través de las cuales supuestos proveedores le facturaban bienes y servicios y la empresa solicitaba reintegros por exportación, lo que habría constituido en una defraudación de poco más de $110 millones al Estado.

Ahora, el juez debe decidir antes del vencimiento, en cuatro días, de un proceso de verificación de créditos de los acreedores, el pedido de intervención por parte del gobierno de Santa Fe, y la empresa sigue sin presentar su balance 2019. 

“El organismo pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería. De esta forma, las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”, expresó un comunicado de la AFIP.

La denuncia penal por "aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" fue presentada este viernes ante el juez Lorenzini. La AFIP precisó que "el régimen Penal Tributario estipula penas de prisión para el tipo de maniobras denunciadas" y que "la maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019". 

Esa maniobra denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores. Sin embargo, la fiscalización de la AFIP “constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín”.

El organismo fiscal pudo determinar, entre otros elementos, “que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería”. De este modo, señaló la agencia, “las de control permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros eran falsos, en tanto no denotaban actividad real”.

“Durante las tareas de fiscalización -señaló la AFIP- Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados”, expresaron.