El Municipio de San Martín conducido por Gabriel Katopodis presentó ante la Corte de Justicia de la Provincia una acción para declarar la inconstitucionalidad del acuerdo que estableció la gobernadora María Eugenia Vidal con las prestadoras eléctricas, que terminó derivando en deudas a diferentes municipios del Conurbano bonaerense.

En este marco, el Municipio pidió que se declare la "inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad inmediata” del Decreto Provincial N° 1289/2019 y del art. 104 de la Ley de Presupuesto de Gastos y Recursos de la Administración Provincial N° 15.078, por entender que “desfinancia y avasalla la autonomía municipal”.

La Corte Suprema bonaerense, por lo pronto dio lugar a una cautelar, en lo que es un guiño más que positivo para San Martín, así como también al resto de los municipios afectados.

Vale recordar que la empresa prestadora de luz, EDENOR, le reclama a los municipios del conurbano norte $283.573.306,77 por el suministro eléctrico en los asentamientos de esas localidad. De esa cifra, $152 millones le corresponden al municipio conducido por Katopodis.

"De esta manera, se perjudican los derechos de los ciudadanos, privándolos de servicios, obras públicas y beneficios contemplados en el presupuesto aprobado por su Cuerpo Deliberativo", aseguraron desde San Martín.

En este marco, el Municipio consiguió una medida cautelar luego de presentarse en la Justicia para reclamar que ninguna autoridad puede imponer a los municipios costos que no hayan sido autorizados por las Comunas, ni privarlos de invertir sus recursos en la forman que dispongan.