Sin dudas, estamos viviendo un tiempo extraordinario, donde vimos suspendida nuestra vida cotidiana. En estos meses tuvimos que adaptarnos a un contexto complejo por la pandemia de COVID-19 y a sus consecuencias socio-económicas. El 20 de marzo, el gobierno definió el aislamiento de la población restringiendo la movilidad de las personas y reorganizando la actividad económica entre esencial y no esencial. A priori, podríamos pensar que esta restricción del espacio público impidió u obstaculizó la realización de eventos y de protestas. Sin embargo, como veremos, las dificultades aparejadas por la pandemia, el ASPO y el modo en que se organizaron las actividades entre esenciales y no esenciales produjeron innovaciones en el campo político, resignificando las formas de manifestarse públicamente.

Según datos provisorios del Observatorio de Protesta Social (CITRA-UMET), entre el 16 de marzo y el 7 de junio se produjeron 490 protestas, a razón de 5.90 protestas diarias. Es un volumen significativo considerando tanto el contexto de aislamiento como otros momentos históricos. Haciendo un primer mapeo podemos identificar cuatro grandes colectivos movilizados: organizaciones de la economía popular, sindicatos, empresarios y sectores medios y altos.

Si miramos el campo de la protesta podemos encontrar dos ejes de entrada. Uno alude a la cuestión de la esencialidad o no de las actividades económicas. Al respecto, las demandas han sido sectoriales: pedidos de provisión de alimentos para los comedores, aumento de los planes sociales y el cese de la violencia institucional, regulación de mercados específicos, apertura de actividades, comercios e industrias. Asimismo, muchas han tenido un carácter principalmente defensivo en tanto reclamaban por ciertas garantías en condiciones de trabajo (protocolos y condiciones de higiene y seguridad), continuidad de los puestos de trabajo y pago de salarios. Tal vez el mayor cambio ha sido en los repertorios, donde mayoritariamente las organizaciones han emitido comunicados, con una realización menor de manifestaciones y huelgas.

Del lado de las empresas, pareciera haber una estrategia de aprovechar la oportunidad para avanzar sobre la flexibilización de las condiciones de trabajo y la reducción de salarios. El famoso “hacer de la crisis una oportunidad”. Los lockout y comunicados fueron los repertorios más utilizados por los empresarios para dejar en claro su posición.

El segundo eje de algún modo reedita una disyuntiva activada durante el último gobierno kirchnerista entre aquellos que se arrogan ser la República frente a lo que definen como el populismo, esta vez bautizado como “infectadura”. Bajo la consigna en “defensa de la democracia”, estos sectores hicieron un uso de la calle primero a partir de cacerolazos y luego en manifestaciones callejeras con diferentes performances como banderazos. La dicotomía inicial que organiza su movilización se dirime entre “pro-cuarentena” y “anti-cuarentena”, y en función de ella van formulando diferentes demandas: contra el aislamiento, contra la liberación de presos, por la apertura de las actividades económicas y recientemente contra la reforma judicial. La oscilación de las demandas -sumada a esa consigna amplia en pos de la República- hace que difícilmente puedan tener respuestas por parte del gobierno. Más bien son decisivas para la recreación de un espacio de socialización y consolidación de una oposición política-partidaria; que probablemente juegue en las elecciones legislativas de 2021.

¿Qué hay de nuevo?

Probablemente no mucho. Las protestas tienen un carácter imprevisible, su sentido nunca está definido a priori, sino que más bien este se comprende en el contexto, en la intencionalidad de los actores en juego y los efectos que apareja. Las protestas durante el ASPO están atravesadas principalmente por una clave distributiva, de ampliación o de restricción de derechos adquiridos, de condiciones de vida, de mantención de los ingresos y salarios y de reorganización de mercados específicos. En este sentido -una vez más- no parece que se profundiza la llamada grieta. Por el contrario, lo que podemos observar es una creciente disconformidad acerca de la regulación de las actividades económicas durante el ASPO, que en definitiva remite directamente a las condiciones de reproducción de la vida cotidiana, a la vida misma. Estas protestas aún tienen poca capacidad de coordinación, sobre todo por la dificultad de expresión en el espacio público. Sin embargo, no habría que descartar que ese malestar respecto de lo distributivo encuentre una traducción que ponga en jaque a los actores del juego político actual.

* Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora CONICET (CITRA/UMET). Docente FSOC/UBA