A días del aniversario de la muerte de la líder política travesti trans, Diana Sacayan, el martes pasado, se dió a conocer el fallo de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la CABA, que confirma la condena a prisión perpetua de su asesino, Gabriel Marino, pero desconoce el agravante de “crimen de odio a la identidad de género”. 

Luego de la apelación del imputado al “Fallo Sacayán” dictado por el Tribunal Oral N° 4 en Junio de 2018, la Cámara decidió que, a pesar de la contundiencia y el apoyo internacional que tuvo la figura del “travesticidio” a la hora de condenar el asesinato de la activista travesti, no hay evidencia capaz de probar que a Diana la asesinaron por su identidad de género, entre otras cosas. Reduce la condena a un femicidio y la sitúa en condición de “mujer”, lo que vulnera y violenta aún más la significación de su muerte. 

La quita del agravante invisibiliza la identidad travesti trans. Según el Observatorio de Violencias contra las Personas LGBTI en América Latina y el Caribe (ILGA), “la violencia contra las personas LGBTI reviste una especificidad no sólo en cuanto a lo que la motiva –el odio o rechazo por la diversidad sexual y sus múltiples manifestaciones–, sino también en lo que hace a su particular modo de imprimirse en el cuerpo de las víctimas escogidas. Hay en ella un plus de crueldad, un cierto ensañamiento orientado a dejar una marca indeleble en el cuerpo supliciado”. 

A dos años del travesticidio 

El 18 de junio de 2018, el Tribunal Oral N° 4, a cargo de los jueces Adolfo Calvete, Julio Báez e Ivana Bloch, sentenció que Gabriel Marino fue el “coautor del delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por haber mediado violencia de género”. El impacto del veredicto fue inmediato: por primera vez el “travesticidio” era oficial y corría los márgenes de la jurisprudencia conocida hasta el momento. Se había inaugurado, a partir de entonces y  para la posteridad, el término acuñado por la literatura y teoría travesti que se le reconoce a la activista travesti trans y compañera militante de Diana, Lohana Berkins. 

La repercusión del fallo recorrió el mundo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)  lo destacó como la “primera decisión judicial de la región que reconoció la figura jurídica del transfemicidio agravado por odio a la identidad de género de la víctima en la condena del acusado por la muerte da la activista social trans Diana Sacayán”. 

De acuerdo al documento del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, la Cámara de Casación niega la declaración de interés de la CIDH de marzo de este año y desconoce que la Comisión “observa que el contenido de la sentencia incluye un análisis del contexto y de los hechos del caso en razón de lo cual la autoridad judicial reconoció que el homicidio de Diana Sacayán había estado motivado por su triple condición, por un lado su condición de género como mujer, de su condición como persona trans y de su calidad de activista de los derechos de las personas trans como miembro del equipo del Programa de Diversidad Sexual del INADI y líder de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays y Bisexuales (ILGA) y dirigente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL)”. 

De esta manera, el MAL expresó en un comunicado contundente y extenso el repudio al fallo de la Cámara por considerarlo “arbitrario, contradictorio, de un carácter de suma crueldad para el colectivo travesti trans” y agrega, “entendemos este fallo como una respuesta política de sectores resistentes dentro del poder judicial, al avance de los derechos de las identidades travestis, en particular”. 

Furia Travesti

La “Furia Trava” hizo estallar las redes sociales y atravesó pantallas. Al compás del hashtag #FueTravesticidio, diversas personalidades del gobierno y referentas políticas hilaron manifestaciones de repudio al fallo de Casación. 

Florencia Guimaraes, militante travesti e integrante de la organización Furia Trava, denunció en su cuenta de Twitter que “La decisión de casación de quitar la figura de travesticidio en el crimen de Diana es también un gran golpe a todas aquellas familias que hoy están pidiendo por otros travesticidios. Ese es el mensaje que queda por parte del sistema judicial”. 

Por su parte, la subsecretaria de Políticas de Diversidad del ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Alba Rueda, consideró que el fallo "desde lo humano es un escándalo, es cruel, es negar nuestras identidades travesti trans dentro del ámbito de la justicia". 

También se manifestó la Titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) del Ministerio Publico Fiscal de la Nacion, Mariela Labozzeta, quien denuncio que “la exclusión del agravante por odio de género dispuesta por Casación es un retroceso respecto de todos los reconocimientos que había incorporado la sentencia del caso”, y afirmó que el MPF recurrirá la sentencia en la Corte Suprema de Justicia. 

En esta misma línea, Luciana Sanchez, abogada que representó a la familia de Diana Sacayán durante el juicio, destacó en Nacional Rosario que “si bien la condena se mantiene, le quita el sentido” y agregó que “esto es borrar a Diana, borrar su identidad, lo que revela profundamente que esta es la la lucha del colectivo travesti trans, porque en la identidad se va la vida”. Asimismo, manifestó que “otra vez nos encontramos con un poder judicial que se resiste a poder reconocer la identidad travesti”. 

En este punto cabe recordar que la semana anterior, Sanchez acompañó en el juicio a Luz Aime, una mujer trans que estuvo dos años presa por un crimen que no cometió. Si bien la justicia dictaminó su absolución, las resistencias y castigos del poder judicial a las identidades travestís y trans, suelen ser moneda corriente. 

Una trava que atraviesa fronteras

El cuerpo de Diana Sacayán fue hallado sin vida el 13 de octubre de 2015 en su departamento en el barrio de Flores. Trece puñaladas y un sinfín de signos de violencia y marcas se imprimieron en el cuerpo de ella y del colectivo travesti trans para siempre. Para el momento de su asesinato, Sacayán era reconocida a nivel continental por su lucha por los derechos negados e invisibilizados de las personas travestis y trans.  Los legados de Sacayan y Berkins produjeron nuevas conquistas en políticas de Estado y permitieron a transformar la vida de las personas travestis y trans y de la comunidad LGBTIQ+, aunque aún no es suficiente.

La magnitud de sus militancias no sólo atravesaron fronteras territoriales, sino también políticas e ideológicas. De esta manera, dos días después de darse a conocer el penoso fallo de casación, en las comisiones de mujeres y diversidad y legislación laboral de la cámara de diputados se alcanzó el dictamen para la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans en honor y memoria a las activistas Lohana Berkins y Diana Sacayan. 

El fallo de Casación será recursado en el máximo tribunal, la Corte Suprema. Miles de vidas travestis y trans esperan, otra vez, que la justicia reconozca sus identidades y garantice el goce de los derechos que asisten todas las personas, sin que eso les siga costando la vida.