Las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio, decretadas el 20 de marzo en Argentina, para afrontar la pandemia mostraron, por un lado, nuevas expresiones de la desigualdad y desprotección en la que se encuentran los/as trabajadores/as de la economía popular, social y solidaria. Por otro, la centralidad de estas “otras economías”, mayormente informales, precarias e invisibilizadas, para el sostenimiento de las condiciones de vida de amplios sectores sociales, a partir de su capacidad de reinventar su trabajo y las estrategias de apoyo a los hogares cuyos ingresos se vieron drásticamente reducidos -en algunos casos a cero- por la imposibilidad de salir a trabajar durante la cuarentena y en un contexto de profunda crisis económica.

Muchas unidades productivas se reconvirtieron para producir bienes y servicios esenciales, insumos sanitarios o comercializar alimentos y otros productos de primera necesidad a precios accesibles para compensar las fuertes subas en el mercado y atender las necesidades de los barrios populares. También reorganizaron e intensificaron la participación en tareas de asistencia social no remunerada, que viabilizan -aún con dificultades- el acceso a recursos, principalmente alimentarios y monetarios, generados por las propias organizaciones o aquellos que proveen las políticas públicas.

En este contexto la economía popular, social y solidaria está jugando un rol central para miles de familias y continuará siendo un actor clave en el proceso de reconstrucción social y económica post pandemia. Sin embargo, poco sabemos acerca de quiénes son y qué hacen estos trabajadores y trabajadoras, no contamos con información oficial, ni con categorías que capten estas actividades en las estadísticas nacionales. Tampoco existen formas de protección social adecuadas y que den cuenta del carácter colectivo de muchas de estas experiencias.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se lanzó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), que tiene como objetivo reconocer, formalizar y garantizar los derechos de los trabajadores/as de la economía popular. Quienes se inscriben, lo hacen dentro de las ramas de actividad que establece el Registro: comercio popular y trabajos en espacios públicos, recuperación, reciclado y servicios ambientales, construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental, industria manufacturera, servicios socio-comunitarios, agricultura familiar y campesina, transporte y almacenamiento, y servicios personales y otros oficios. De acuerdo a la información oficial, estar registrado permite el reconocimiento formal como trabajador/a de la economía popular y el acceso a programas de trabajo, seguridad social y capacitación, la participación en redes de comercialización y el acceso a herramientas de crédito e inclusión financiera. 

A un mes de su lanzamiento, el RENATEP cuenta con 171.000 inscriptos/as, de los cuales 60% son mujeres, dedicadas en su mayoría a servicios socio-comunitarios[1], como trabajo en comedores y diversas tareas de cuidado. La participación mayoritaria de mujeres es una característica propia del sector que se estima, abarca a 6 millones de trabajadores y trabajadoras. 

La puesta en marcha del RENATEP es un paso muy importante y plantea amplios desafíos para el Estado y las organizaciones sociales que lucharon por su creación. También abre una oportunidad para pensar qué sociedad queremos, cuál será la “nueva normalidad” de estos trabajos luego de la pandemia.

Registrar es un primer paso para hacer visible la existencia de otras formas de producir, consumir y organizarse. A partir de ello se abre el desafío de lograr su reconocimiento efectivo como trabajo y del aporte que realizan a la sociedad. En esa dirección, se trata de poner en valor las tareas, capacidades y saberes que el mercado descarta, pero que son esenciales para sostener la vida. 

Este reconocimiento y la legitimidad de nuevas políticas públicas de promoción y protección social del sector, forma parte de una disputa político-cultural más amplia que permita pensar a quienes integran la economía popular, social y solidaria como sujetos y grupos laborales y productivos.

*Doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del CONICET-IIGG-UBA y del Centro Cultural de la Cooperación.

 

 

[1] https://www.telam.com.ar/notas/202008/497193-las-mujeres-conforman-el-60-de-inscripciones-en-el-registro-de-la-economia-popular.html