La gestión económica de Cambiemos durante el 2018 abrió un escenario de profundización del conflicto social, y, por lo tanto, de aumento de las protestas de diferentes sectores sociales. Claramente, las movilizaciones de diversos actores sociales, expresan la actualización de la disputa política por la distribución de la riqueza y su proyección futura, en un contexto político-económico-conflictivo. El actual ajuste deja afuera del sistema social a un tercio o más de la población Argentina. Y cuando las instituciones no dan respuesta, la sociedad civil las desborda. Esto expresa un proceso de politización de lo social y de sus demandas sectoriales.   

En esta línea podemos señalar que la principal característica a diferencia del periodo kirchnerista, es el carácter defensivo de las demandas, ya no vinculadas a la ampliación de derechos, sino a la defensa de los mismos. La agenda de demandas del movimiento de mujeres en relación a la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es, quizás, la única excepción a este análisis, mostrando su potencia y capacidad de articulación política.

De un análisis de la cantidad y tipo de conflictos sociales que se expresaron en el espacio público desde la gran movilización que acompañó el Segundo Paro Internacional de Mujeres en marzo de este año, pasando por las grandes manifestaciones contra el ajuste presupuestario en las Universidades Nacionales de la semana pasada y las protestas de los trabajadores estatales y movimientos de la economía popular vinculadas al ajuste de la administración pública anunciado en estos días, podemos señalar que las principales demandas de la sociedad Argentina de hoy, están vinculadas a dos temas fundamentales. Por un lado, a la preservación de fuentes de trabajo, ya sea en el  ámbito público como en el sector privado. Y por otro lado, la otra gran demanda que emerge está vinculada al deterioro de la calidad de vida, y se expresa en los reclamos por paritarias, por el aumento de inflación o los aumentos de tarifas, o en los reclamos por  prestaciones sociales, baja de planes sociales, pensiones u otros programas de protección.

Ahora bien, esta demanda, a diferencia de la crisis del 2001, se monta sobre un piso de derechos y protecciones sociales mucho más amplio y extendido gracias a las políticas sociales como la AUH y las moratorias jubilatorias de la década pasada, entre otras. Este piso de protección hace que el deterioro de las condiciones de vida de una buena parte de la sociedad sea menos brusco. Aunque los niveles de inflación e incertidumbre están comenzando a abrir la puerta a escenarios de violencia social como los saqueos que comenzaron a ocurrir esa semana. El entramado de organizaciones sociales y políticos juega hoy un rol fundamental en la contención y canalización de esos conflictos desde una mirada democrática y comunitaria.

Si bien las condiciones objetivas de crisis de la economía son la argamasa de la explicación del actual escenario sociopolítico, los actores colectivos que canalizan (construyen y producen) las demandas sociales que emergen de la misma, sus modos de acción, de representación y de articulación entre sí, y para con los actores gubernamentales, son también una clave para comprender y explicar la conflictividad social hoy. El rol de las representaciones sindicales, sociales y comunitarias es fundamental para pensar el tránsito de esta crisis. La permeabilidad y porosidad del Estado y del sistema político en su conjunto, a unas y otras demandas. La capacidad de articulación política de éstas y su capacidad de presión e influencia en la agenda política nacional, claramente, permite suponer que asistimos a un escenario de aumento de la conflictividad social, y, por lo tanto de las demandas vinculadas a las condiciones de reproducción de la vida. Demandas defensivas expresadas en conflictos reactivos, que de no intervenir mediaciones, pueden terminar en violencia social y/o estatal.

*Doctora en Ciencias Sociales UBA - Docente Investigadora Área  Estado y Políticas Públicas - FLACSO Argentina