De los 42 nombramientos que impulsó en el ocaso de su mandato la gobernadora María Eugenia Vidal para integrar el Poder Judicial de la Provincia, el de Francisco Pont Vergés es el de mayor peso político, y también el más controversial. El apuro de la Gobernadora por colocar al actual número dos de la Procuración provincial como juez de Casación choca por estas horas con un embrollo tan jurídico como político, que tiene a los organismos de derechos humanos como principal oposición.

La Comisión Provincial por la Memoria (CMP), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura expresaron su rechazo al pliego de Pont Vergés enviado por Vidal al Senado no sólo por el apuro “imprudente” y el carácter “poco transparente” del trámite, sino cuestionando duramente su idoneidad para asumir en el cargo.  

En una carta dirigida al vicegobernador y presidente del senado bonaerense, el radical Daniel Salvador, los Organismos de Derechos Humanos señalan que Pont Vergés, como Secretario de Política Criminal de la Procuración General “tuvo prácticas que no condicen con un desempeño de la función adecuado a la defensa de los derechos humanos”.

En concreto, remarcan la pésima actuación que el funcionario tuvo en un caso particular de torturas sobre una mujer trans peruana perpetuadas por agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Se trata de Mónica Mego, de 36 años, quien estando presa quedó parapléjica porque le negaron asistencia médica.

“Desde su función, Pont Vergés poco o nada se comprometió con la investigación de este caso. En cambio persiguió al Defensor de casación penal, Mario Coriolano, por actuar a favor de la mujer trans”, explica la carta que recibió Salvador. Pont Vergés le inició un sumario administrativo y una denuncia penal a Coroliano, por pemitir una investigación periodística del caso. En otras palabras, a Pont Vergés los organismos lo denuncian por persecución, por actuar en contra de la víctima y en favor de los torturadores.

Para colmo, la Corte Bonaerense también metió la cola y su presidente, Eduardo De Lázari, ordenó, a través de una serie de medidas, que dejen trabajar a los organismos, sin obstáculos ni operaciones. También le pidió al jefe político de Pont Vergés, el Procurador General Julio Conte Grand, detalles del caso de torturas.

Con todos esos elementos, este jueves la ONG Abogados por la Justicia Social (AJUS) presentó una medida judicial exigiendo que el pliego de Pont Vergés vuelva al despacho de Vidal para su revisión. El escrito plantea que la gobernadora ya estaba en conocimiento del caso cuando mandó el pliego al senado, por lo tanto exige que se rectifique.

En caso que el fallo sea positivo a la AJUS (lo que según relevó Diagonales es más que probable por la trayectoria de la jueza a la que le cayó la causa, la titular del juzgado Contencioso Administrativo número 4, María Ventura Martínez), la gobernadora puede incluso ratificar su decisión. Por lo que el texto de la presentación reclama también si Pont Vergés “cumple con los requisitos” que marca la constitución para poder asumir.

Es sabido que Cambiemos tiene mayoría automática en el senado, donde duerme el polémico, pero la gobernadora se arriesga a un nombramiento que, de todas formas, según arriesgaron fuentes consultadas por Diagonales, podría caerse más adelante. “Si Pont Vergés asume, se arriesga al juicio político”, aventuraron.