El gobierno de la Provincia y la Asociación de Médicos Platenses (AMP) firmaron la paz y, desde ayer, los profesionales que estaban de paro volvieron a atender a unos 300 mil afiliados de IOMA que estaban sin cobertura. El acta de acuerdo puso paños fríos a un conflicto que amenazaba con seguir escalando y con deteriorar aún más la situación de la obra social más importante de Buenos Aires, con la que se atienden más de 2 millones de trabajadores. Pero las denuncias cruzadas, que llegaron a la justicia y provocaron movilizaciones de médicos y pacientes son apenas la punta de un iceberg de una serie de desmanejos que se arrastran desde muchos años y que se profundizaron durante los últimos cuatro, desde la llegada de María Eugenia Vidal a la gobernación. Asociaciones gremiales, profesionales de la salud, prestadores, usuarios y hasta ONGs ligadas al mundo médico vienen denunciando, cada uno a su manera y con sus razones, un desguace progresivo, que incluye tercerizaciones, sub-ejecuciones presupuestarias y deudas millonarias que se acumulan.

A diciembre del año pasado, según los primeros resultados de la auditoría interna encargada por las nuevas autoridades, cuyos números finales aún no están listos, IOMA acumulaba una deuda con médicos y proovedores de 8 mil millones de pesos. ¿Dónde está esa plata? La deuda incluye no sólo prestaciones médicas, también insumos y medicamentos. La Asociación Argentina de Cirugía (AAC), por caso, reclamó en un comunicado que se deben prácticas desde julio de 2019. Los acompañantes terapéuticos, organizados en la izquierda, denunciaron que les adeudan sueldos también del año pasado, además de lo que va de este, en plena pandemia. En la misma situación se encuentran proveedores de prótesis, entre muchos otros. Otra vez, ¿dónde está la plata?

Mientras tanto, una de las respuestas posibles se encuentra en la sub-ejecución presupuestaria que sufrió IOMA desde 2016. Un informe de la Fundación Soberanía Sanitaria describe que, a fines de 2018, la gobernación de María Eugenia Vidal sub-ejecutó más de 3 mil millones de pesos solo durante los dos primeros años de gestión. En 2016 fueron más de 1.900 millones, y en 2017, 1.147 millones.

Según declaró el actual ministro de Salud, Daniel Gollán, esos fondos habrían sido derivados de IOMA a otras áreas de la gestión de Vidal, que afrontaba los coletazos de la crisis económica desatada por el gobierno de Macri en su propia provincia. Gollán descartó a priori hechos de corrupción de sus antecesores, como sí lo hizo con las abultadas facturaciones de las asociaciones médicas por servicios que nunca prestaron. Pero dijo “desconocer” a dónde habían ido esos fondos. En parte, la auditoría que encargó buscará determinar qué paso con la plata de los afiliados.

Ese recorte impactó en la capacidad de cobertura de la obra social. Un estudio publicado por el Grupo Argentino para el Uso Racional de los Medicamentos (GAPURMED), reveló que a fines de 2018 la cobertura de medicamentos de IOMA bajó del 63 por ciento al 47 por ciento, a la par de la caída de salarios que vivieron prácticamente todos los trabajadores durante ese período de fuerte inflación, lo que les hacía todavía más cuesta arriba solventar con sus propios recursos el costo de la medicación. Un combo de menos sueldo, medicamentos más caros y, para colmo, menor cobertura de la obra social.

El ajuste pegó, sobre todo, en quienes necesitan los medicamentos más caros, de costo inaccesible para un salario normal, destinados a enfermedades graves y que además son irremplazables. Para ellos, IOMA tiene el ‘Plan Meppes’. Otra ONG, el Movimiento por el Derecho a la Salud, reveló el año pasado que la ex gobernadora cambió de fondo el sistema que estaba vigente, de adquirir los medicamentos directamente a los laboratorios, y metió como intermediadores a las farmacias, que obviamente se llevaron una parte, lo que encareció los costos e introdujo trabas burocráticas que derivaron en faltantes.

“Esa determinación, que relegó las razones sanitarias, dejó sin respuestas a las variadas situaciones de salud de las familias de trabajadores bonaerenses, y no tuvo sensibilidad alguna ante las enfermedades catastróficas como el cáncer, la diabetes tipo insulino dependiente, el sida y la esclerosis múltiple, entre otras”, señalaron en su momento.

Las críticas más fuertes a la anterior gestión partieron de ATE, el gremio de estatales. “El gobierno de María Eugenia Vidal, en estos 4 años, se dedicó a saquear las arcas del instituto. El afiliado cada vez paga más de coseguro, cayó la cobertura de medicamentos, y la salud la está costeando, en definitiva, el afiliado”, disparó la semana pasada María José Castesana, integrante del consejo consultivo del IOMA en representación gremial por ATE.

JORGE MACRI METE LA CUCHARA

Una de las decisiones de la anterior gestión que menos se entiende es la tercerización de funciones en el BApro, cuyo presidente es el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aliado de Vidal. Suspicacias políticas a parte, sobre el final de su mandato, la ex gobernadora agitó la polémica firmando un convenio por 16 millones de pesos con Provincia NET, del Grupo Bapro, tal como había adelantado en exclusiva Diagonales.

El convenio no sólo establecía la tercerización de funciones y áreas estratégicas de la obra social en Provincia Net como la recaudación, el pago a proveedores y la gestión médica, sino que además le daba acceso a la historia clínica y los datos privados de los afiliados. Una privatización encubierta, por la que además IOMA debía pagar un canon, que hoy, se ve, deja claro por qué pasan las cosas que pasan.