La decisión del procurador interino, Eduardo Casal, de desplazar al fiscal federal –con competencia electoral– Hernán Schapiro de la causa que investiga al gobierno de María Eugenia Vidal por los aportes truchos en las campañas de Cambiemos generó suspicacias en todo el arco político y en poder judicial bonaerense.

Es que la directiva se tomó apenas unas horas más tarde de que el fiscal federal Jorge Di Lello decidiera remitir a La Plata la causa por los “aportantes truchos”. Por pedido de Casal, Schapiro dejará la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, donde se desempeñaba como fiscal subrogante desde 2016, y pasará a ser Coordinador de la Unidad Fiscal de Lesa Humanidad.

Más llamativo que su desplazamiento, fue la designación de su reemplazante. Es en La Plata hay tres fiscalías federales, dos de ellas especializadas en delitos penales: la Nº 1 de Schapiro y la Nº 3 que ocupa la fiscal Ana Miriam Russo. Sin embargo, la decisión oficial fue que el reemplazo del desplazado Schapiro sea el fiscal Guillermo Ferrara, a cargo de la única Fiscalía Federal que se ocupa de temas civiles.

Ferrara mantiene un bajo perfil, aunque el año pasado se hizo conocido al rechazar que la Defensoría del Pueblo patrocine a usuaria platense en una demanda por tarifazo de gas.

En tanto, el desplazado Schapiro es un fiscal de carrera, egresado de la Universidad Nacional de La Plata, que ingresó como pasante en 1993 al Poder Judicial. Entre 1993 y 2004 hizo carrera en la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata donde se desempeñó como relator y secretario.

En agosto de 2004 fue designado como secretario en la Unidad Fiscal Federal de La Plata donde trabajó en causas penales por violación a los Derechos Humanos durante el período 1976 y 1983 e intervino en el denominado “Juicio por la Verdad”.

En noviembre de 2010 concursó para el cargo de Fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de La Plata. Y desde 2016 subroga la Fiscalía Federal N° 1 de La Plata, ya que la titular de ésta, María Laura Roteta, se encuentra a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).