La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, elevó un informe a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, en el que detalla una serie de “acciones arbitrarias e ilegales” por parte de funcionarios del Ministerio Público Fiscal del departamento judicial Lomas de Zamora en perjuicio del Juez de Garantías Dr. Gabriel Vitale con “el aval de la Procuración General”.  

Desde el organismo provincial afirman que se desarrollaron investigaciones irregulares, selectivas, arbitrarias y presuntas actividades de inteligencia ilegal, que configuran “delitos de extrema gravedad institucional e impiden el correcto funcionamiento de las instituciones y la administración de justicia”. Por ese motivo, la CPM solicitó la intervención inmediata del máximo tribunal provincial y elevó el informe a los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

“La doble vara con que la Procuración General pretende disciplinar a funcionarios judiciales en la Provincia de Buenos Aires con fines político-partidarios da cuenta de una arbitrariedad institucional que pone en peligro todo el sistema de derechos y garantías constitucionales sobre el que se asienta la democracia”, expresaron las autoridades de la Comisión.

El juez de garantías de Lomas de Zamora, Gabriel Vitale, denunció por primera vez en 2019 “una serie de prácticas persecutorias con el solo objetivo de socavar sus funciones como juez. Y otros jueces de la misma jurisdicción, que se negaron a llevar este proceso en su contra, están siendo víctimas de la misma persecución”.

En el informe presentado por la CPM, se asegura que “la persecución y hostigamiento contra magistrados” es impulsada por el procurador bonaerense Julio Conte Grand en articulación con el Fiscal General Adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera.

“Estos intentos de imponer sanciones, por supuestas actuaciones irregulares en causas de conocimiento público como la del Club Independiente o la causa de “La Salada”, se producen frente a la actuación independiente del juez que no convalidó la actuación fiscal”, señalaron desde el organismos de Derechos Humanos.

En ese sentido, detallaron que “el fiscal Pablo Rossi, en articulación con el ahora Fiscal Gral. Sebastián Scalera” ordenaron una serie de pruebas “completamente ilegales sin control del investigado”, entre las que se destacan solicitudes de escuchas sobre el celular de Vitale y su familia, informes sobre movimientos de cuentas bancarias y datos de movimientos migratorios.