El Interventor del Enargas, Federico Bernal, presentó una nueva denuncia penal contra el exministro de Energía Juan José Aranguren y otros seis ex funcionarios de su cartera por supuestas anomalías detectadas en auditorías. Según estas revisiones, las irregularidades señaladas habrían producido un perjuicio a los usuarios por más de 1.343 millones de dólares, a través de los incrementos de tarifas.

Luego de llevar adelante auditorías a las empresas Transportadora Gas del Sur y la distribuidora Camuzzi Gas, Bernal decidió presentar esta nueva denuncia denuncia por una "una serie de irregularidades y vicios administrativos". Además el ente recomendó  al Poder Ejecutivo Nacional "declarar nulas las resoluciones de la Revisión Tarifaria Integral" para ambas licenciatarias.

En esta oportunidad, Bernal denunció a Aranguren y otros funcionarios por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, negociaciones incompatibles con la función pública y administración fraudulenta.

Según la presentación del interventor del Enargas, se habría "manipulado y establecido arbitrariamente el factor de actualización de la base tarifaria de las licenciatarias del servicio público de transporte y distribución de gas por redes muy por encima del que hubiera surgido de un procedimiento administrativo correcto y transparente".

Esto habría resultado en "ingresos excepcionales e ilegales a las empresas de transporte y distribución del gas por un mínimo de 1.343 millones de dólares" que impactaron en las tarifas de los usuarios, aseguró Bernal en la denuncia.

Además de Juan José Aranguren, en el texto están mencionados Daniel Perrone, ex subinterventor y posterior director de Enargas; Andrés Chambouleyron, ex subsecretario de Coordinación de Política Tarifaria; David Tezanos, ex interventor de Enargas; Andrés Ferraris, exdirector nacional de Política Tarifaria y luego director Nacional de Economía de los Hidrocarburos.

La presentación comprende además a Juan Manuel Carassale, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Energía, y Graciela Cristina Bevacqua, ex directora técnica del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Bernal precisó que en la denuncia se "incluyen mails en los que los mismos ex funcionarios denunciados hablaban que el factor de actualización debería rondar el 24, o menos, sin embargo el número que se tomó fue de 33, y es lo que hoy se sigue reflejando en las facturas".

De acuerdo con lo expresado por la intervención del Enargas, esta disposición habría permitido "asegurarles a dichas empresas un ingreso indebido solventado por los usuarios y las usuarias al pagar periódicamente las facturas de gas".

Tras la presentación judicial, Bernal señaló a la prensa que las maniobras denunciadas revelan "un modus operandi similar al implementado en la causa peajes, es decir incluyendo hipotéticos reclamos ante el Ciadi, de las empresas licenciatarias, por montos también hipotéticos".