Un impuesto que no pide permiso a los ricos

Por Nicolás Baccaro y Matías Ferrari.

Unas 12 mil personas, cuyo patrimonio en el país o en el exterior supera los 200 millones de pesos, aportarán este año y por única vez un impuesto extraordinario de entre el 2 y el 3,5 por ciento de su fortuna, si finalmente el Congreso aprobase el mentado proyecto oficial presentado ayer. Según el relato del Gobierno, así debería ser: tanto el presidente Alberto Fernández como el jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner, pospusieron la presentación durante meses con el objetivo, dijeron más de una vez, de lograr un piso de consensos que permita que la iniciativa, inédita para la historia reciente del país, no naufrague como lo ha hecho hasta ahora en otros países en los que se ha debatido, como España, Perú o Chile.  

“El proyecto no es en contra de ningún argentino ni ninguna argentina, si no a favor del conjunto. Es una buena oportunidad para estar todos juntos en pos de la transformación de la Argentina que necesitamos para salir adelante”, dijo Máximo Kirchner ayer durante la teleconferencia que sirvió para la presentación del proyecto, que finalmente tomó el nombre de “Aporte solidario y extraordinario para ayudar a morigerar los efectos de la pandemia”. Participaron el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y el diputado que redactó el texto de la norma, Carlos Heller, entre otros.

El proyecto prevé recaudar un total de 300 mil millones de pesos, cuyo destino está a priori definido. Un 20 por ciento se utilizará para seguir reforzando el sistema de salud en plena pandemia, en la compra de “equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria”. Otro 20 por ciento irá a subsidiar a las Pymes. Un 25 por ciento, “a programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural”, desde YPF. Otro 20 por ciento financiará un próximo Plan Progresar. Y el restante 15 por ciento aportará al fideicomiso creado para la urbanización de barrios populares, otra de las promesas del Gobierno en respuesta a la crisis por el COVID-19. La autoridad de aplicación será la AFIP.

“Nunca dudamos que se fuera a presentar, incluso a pesar del retraso tras el anuncio de abril”, afirmó en diálogo con Diagonales el diputado y economista Itai Hagman, uno de los firmantes y principales impulsores del proyecto. “No se trata de un aporte simbólico, como podría pensarse, sino que los 300 mil millones de pesos que se propone recaudar son necesarios en este momento del país. La idea es amortiguar un poco el impacto de la crisis por el coronavirus. La foto de la desigualdad en la argentina a fin de año probablemente empeore, y el proyecto llega para amortiguar la caída de los sectores populares y trabajadores, los que más han sido golpeados por esta crisis”, dijo.

Con ese espíritu que describió Hagman, la redacción final del proyecto incluyó que el 15 por ciento de lo recaudado se destine a la urbanización de barrios populares. Un tema sensible que desnudó la pandemia, con la Villa 31 y Villa Azul e Itatí, en Quilmes, como ejemplos de una de las mayores deudas sociales que arrastra el país. Nadie termina de confirmarlo, pero tampoco de desmentirlo: una vez que la letra fina del proyecto estuvo lista, habría sido el propio Máximo Kirchner quien pidió que se incluya a la urbanización dentro de los destinos de lo recaudado.

En la secretaria de Integración Socio Urbana, encargada de la urbanización de más de 4 mil villas y asentamientos, recibieron la novedad como un triunfo. "Es el camino para una Argentina más igualitaria, donde equilibremos los enormes esfuerzos que estamos haciendo para atravesar esta crisis”, dijo Fernanda Miño, titular de la Secretaría. El proceso que atravesó el proyecto, con varios meses de guardado bajo siete llaves, fomentó la ansiedad de los sectores dentro del Frente de Todos más propensos a discutir iniciativas que apuntan a redistribuir el ingreso. “Se terminó construyendo como una demanda de algunos sectores de alguna sociedad y de nuestro frente”, balanceó Hagman. “Hay que tener en cuenta que la fecha de la entrada en vigencia de la ley no cambia lo que se vaya a recaudar, porque se aplica una sola vez, por lo que en verdad no había a priori un apuro para presentarlo”, aseguró.

Según confiaron desde el despacho de Carlos Heller, el proyecto estaba listo hace dos semanas. Cada detalle se trabajó con la idea de que el tratamiento en Diputados, donde el oficialismo debe pelear cada voto para sacar una ley, tenga el respaldo necesario para ser aprobado. Aportó, sobre todo, el bloque Argentina Federal, que se referencia con Roberto Lavagna. Hubo dos preocupaciones centrales: que la alícuota sea lo más “progresiva” posible y que no hubiera lugar a dudas respecto de que pudiera afectar a la clase media. A partir de ambos criterios se consensuó el “corte” del gravamen a partir de los 200 millones de pesos.

Hagman lo explica claro: “el propósito fue recaudar la mayor cantidad de recursos posibles afectando a la menor cantidad de personas posibles”. “Estas 12 mil personas a ninguna le va a cambiar su condición de vida por este aporte pero los que reciban los beneficios van a estar un poco mejor”, aclaró el propio Heller ayer, durante la presentación.

El destino de los fondos también fue parte de un debate interno en el Gobierno: una vez que estuvo definido el monto total que se recaudaría, la balanza se inclinó por destinarlo a paliar efectos de la pandemia y apuntalar sectores productivos que necesitan un empujón. Ahí entraron a jugar las Pymes e IPF. Más allá de que el impuesto se traduce en pesos, la apuesta además será conseguir divisas. En ese punto, el artículo quinto ofrece “facilidades” aquellos quienes tienen parte de su patrimonio en el exterior, para fomentar su repatriación.

Esas 12 mil personas que pagarán, expresó ayer Heller, son “0,002% de la población”. Aunque tampoco se les tocará “todo” su patrimonio: es sabido que los ricos en la argentina no suelen declarar todos sus bienes. El impuesto sólo se aplica sobre el patrimonio declarado.

Pese a todo, los 300 mil millones ayudarían en parte a paliar el enorme gasto que el Estado se puso al hombro para paliar la crisis por la pandemia. “Con las previsiones del mes de agosto, los gastos e inversiones que tendrá que realizar el Estado Nacional para atender las consecuencias de la pandemia suman $870.000 millones. Se trata del equipamiento de salud, los hospitales modulares, el IFE, el ATP, los bonos a las personas jubiladas, la asistencia financiera a las provincias, la asistencia financiera a PAMI y el refuerzo de los planes alimentarios”, rezaba ayer el PDF explicativo difundido por el bloque oficial en Diputados.

LA LETRA CHICA

No todas esas 12 mil personas aportarán lo mismo. El proyecto establece una escala progresiva en las alícuotas, por la cual comenzarán pagando las tasas más bajas los patrimonios “menores”. Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por la medida tienen fortunas entre 200 y 400 millones de pesos. Para ellas, las alícuotas serán del 2 por ciento para los patrimonios de entre 200 y 300 millones, y de 2,25 por ciento para quienes posean entre 300 y 400 millones. Tan solo 300 personas de las 12 mil comprendidas en el proyecto deberán colaborar con la alícuota más alta del 3,50 por ciento, considerando que sus patrimonios superan los 3 mil millones de pesos.

Los porcentajes a aportar se incrementan al ser aplicados sobre bienes en el exterior. Para esa categoría la alícuota para el primer segmento de la escala (entre 200 y 300 millones) sube del 2 al 3 por ciento, para la segunda (entre  300 y 400 millones) del 2,25 al 3,75 por ciento, y para los mayores patrimonios de más de 3 mil millones, al aporte se incrementa del 3,50 al 5,25 por ciento. Con esto el Gobierno busca fomentar la repatriación de bienes de argentinos radicados en el exterior. En ese sentido, el proyecto también incluye un artículo por el cual se eliminan esos incrementos en las alícuotas para cada escala si las personas afectadas traen al país al menos el 30 por ciento de su patrimonio en el exterior, en un plazo de 60 días posteriores a la sanción de la Ley en cuestión.

LOS ARGUMENTOS

El proyecto no nació de un repollo ni de la noche a la mañana. El Gobierno tomó nota de la experiencia fallida con Vicentín, atribuida en parte a una falta de comunicación previa en pos de construir un escenario favorable a la medida en la opinión pública, y viene instalando la necesidad del proyecto y su coherencia con el momento del país desde hace meses. Esto se plasmó también tanto en el cuerpo del proyecto, como en un extenso documento que el FTD hizo circular para contextualizar y justificar la medida.

Los argumentos comienzan con un estado de situación del país post macrista sobre el que impactó la pandemia, y no ahorran en comparaciones de datos económicos sobre cómo estaba el Estado y la situación general en 2015, y cómo quedó después de la irresponsable aventura neoliberal. Un elemento de color: el documento del FDT, cada vez que habla del gobierno anterior, se refiere a la “gestión Macri, Rodríguez Larreta y vidal”. En el clima pre electoral que ya se instala, con la oposición en pie de guerra apostando todas sus fichas a la profundización radical de la grieta, el Gobierno comienza a meter quinta a fondo poniéndole nombre a todos y cada uno de los responsables de la crisis, como para que nadie lo olvide.

En el análisis de la situación económica se remarcan los ocho trimestres consecutivos de caída interanual del PBI desde 2018, con un promedio del 3,4%, contra el crecimiento promedio de 3,82% ese mismo indicador en el período 2005-2015. En comparación la comparación 2019-2015, el Gobierno expone una caída del producto del 4%, del consumo privado en 5,6% y de la inversión de la economía en 15,65%. A esto, se le suma los altísimos niveles de la inflación, el fuerte incremento del peso de la deuda sobre el PBI, y la caída en los ingresos tributarios en un 3,1% del PBI durante el gobierno anterior. El proyecto aclara que esta caída en la recaudación que dejó un Estado más desfinanciado se debió a la “decisión deliberada de reducir los gravámenes sobre sectores de elevada capacidad contributiva”, situación que el proyecto vendría a subsanar en parte. En concreto, desde el FTP especificaron que durante el macrismo se redujeron en un 7% del PBI los impuestos a personas y empresas de mayores patrimonios, y que lo recaudado por este aporte extraordinario representaría una recuperación de 1 de esos 7 puntos porcentuales.

Por otro lado, se hizo especial énfasis en los dispositivos económicos que ya desplegó en pos de paliar los efectos la crisis económica que ya existía antes de la pandemia, y que se vió profundizada por ésta. Fortalecimiento de los sistemas de salud, IFE, ATP, doble indemnización, congelamiento de tarifas, aumentos de jubilaciones, relanzamiento de precios cuidados, son algunas de larga lista de medidas que el gobierno expone en su haber como respuesta a la situación heredada del macrismo, y fortuita por la pandemia. En ese sentido, resaltan que lo recaudado por este aporte extraordinario representaría sólo un 34% de lo que el Estado ya viene desembolsando para sostener la economía, el empleo, el consumo y la salud de los argentinos. 

¿REFORMA TRIBUTARIA?

La oposición, por ahora, eligió eludir la crítica frontal con el proyecto y apuntó los cañones, en cambio, hacia la reforma tributaria que el Gobierno tiene en estudio. Elisa Carrió ya puso el grito en el cielo, pese a que por ahora no trascendió ningún detalle. “Están tomando la misma posición que con la reforma judicial. De lo que se trata es de consensuar una reforma que incluso Cambiemos creyó en su momento que era necesaria. Es una deuda de mucho tiempo, hay algunos impuestos que hay que bajar, otros que habrá que subir, pero habrá que debatirla, no gritar”, sentenció Hagman, quien viene de participar esta semana de reuniones en Economía donde se debatieron los detalles del presupuesto 2021.