La inseguridad volvió a trepar fuerte entre las preocupaciones ciudadanas que reflejan las encuestas de opinión, incluso por encima de la inflación o la pandemia, sólo superada por el desempleo o la corrupción, de acuerdo al color político del relevamiento. Dos estudios recientes, realizados este mes en los principales centros urbanos, dan una pauta: para Managment & Fit es la preocupación central del 19,5 por ciento; según Córdoba y Asociados, lo es para el 17,5 por ciento. La paradoja es que el delito no subió al mismo ritmo. Al contrario: los últimos datos disponibles del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) indican que hubo un descenso del 26 por ciento en las denuncias de robos durante los seis primeros meses del año en comparación con el mismo período de 2019. Los homicidios, además, retrocedieron un 2 por ciento. En la provincia de Buenos Aires, la “madre de todas las batallas” también en este tema, la situación es similar: en la gobernación afirman que cuando se analicen los datos de Agosto dará que hubo menos robos violentos y homicidios que el mismo mes del año pasado.

El problema, coinciden todas las voces con conocimiento del conurbano consultadas por Diagonales, es cómo darán esos guarismos a fin de año: la mayoría cree que el problema irá creciendo y, por lo tanto, que se impondrá como uno de los ejes de la discusión electoral de 2021. La Rosada y la Provincia darán esta semana un paso importante en ese sentido: anunciarán el jueves la puesta en marcha del “Plan Centinela 2”, la primera apuesta fuerte oficial en la materia, destinada a reforzar a las fuerzas de seguridad en los municipios más calientes.  

Serán 12 mil millones de pesos que Nación destinará directamente a los municipios para la compra de 2 mil nuevos patrulleros, la formación y reclutamiento de 10 mil nuevos efectivos, la refacción de 100 comisarías (en estado calamitoso) y la construcción de 6 nuevas cárceles. Además, se sumarán 4 mil nuevos gendarmes a los que ya recorren los barrios. El plan nació del reclamo de los intendentes, que reciben de primera mano las quejas de los vecinos, y llega casi a la par de una batería de medidas lanzadas y anunciadas de forma frenética en todos los ámbitos en los últimos diez días, desde la reforma judicial que ya tuvo media sanción en el Senado hasta el DNU de telecomunicaciones, la presentación del proyecto para gravar por única vez a las grandes fortunas y el acuerdo con el 99 de los bonistas tenedores de deuda externa. Los anuncios en materia de seguridad completan el cuadro de un Gobierno en modo pre-campaña electoral y ya definitivamente sumido en la post-pandemia.

Desde uno de los municipios más calientes en materia de inseguridad celebraron la llegada de los anuncios, pero se lamentaron que los recursos no estuvieran antes. Es que en casi todos los distritos se recibió de la gestión anterior de María Eugenia Vidal una situación de desinversión muy fuerte. Los patrulleros se caen a pedazos, muchos de los efectivos carecen de formación, faltan cámaras e iluminación, y el organigrama de mandos diseñado por el ex ministro Cristian Ritondo generaba fuertes problemas operativos. “Para peor, ya a partir de mediados de 2019 entraron en retirada y directamente abandonaron el problema”, confiaron a este medio.   

La desinversión en seguridad en la Provincia durante el tramo final de la gestión de Vidal coincide, de hecho, con un aumento del delito sostenido, pero silencioso. Durante 2019 subieron un 63 por ciento los robos y un 25 por ciento los homicidios en ocasión de robo, según la Procuración bonaerense. “El aumento fuerte se dio a partir de la crisis que desató el gobierno anterior, pero la cobertura mediática que tenía Vidal hacía que el problema no se discutiera tanto, pero sí se sentía muy fuerte entre los vecinos. Eso no quieta, igual, que el problema no exista. La idea, de todos modos, no es eludirlo, sino trabajarlo”, describían fuentes ligadas a la seguridad de uno de los distritos más populosos de la tercera sección electoral.

Todo parecía indicar que los casos seguirían en aumento este año, porque la situación no se iba a arreglar enseguida, pero el sedante real fue la cuarentena, por razones obvias. Durante marzo, abril y mayo de este año el delito bajó considerablemente, pero volvió a subir con fuerza a partir de junio en adelante. “La inseguridad creció. Por el mes de abril había bajado mucho, tuvo índices realmente muy bajos, y a partir de ahí empezó a subir. Sin embargo, los índices hoy no son más grandes que hace un año”, describió el intendente de San Martín, Fernando Moreira. Además, el intendente agregó que “cambiaron las modalidades” del delito, tendientes a una mayor violencia, y “hoy se notan más robos intrabarrios, hay banditas que roban en su propio barrio y eso genera problemas locales, venganzas y demás cosas”. “Es una situación compleja, por eso necesitamos ayuda” de Nación, concluyó Moreira. Ese mismo diagnóstico lo comparten todas las fuentes de varios municipios consultados por Diagonales.

En el medio, se interpusieron algunas diferencias internas. Por un lado, la titular de la cartera nacional, Sabina Frederic, dijo a mediados de Julio que los delitos habían bajado; en paralelo, el titular a nivel provincial, Sergio Berni, insistía en que el delito seguía en aumento y aprovechaba el contrapunto para mostrarse activo, fiel a su estilo. Eso despertó malestar en algunos intendentes y terminó en un enfrentamiento vía redes entre el intendente de Hurlingham, Juanchi Zabaleta, y el ministro. “Que hable menos de política”, le espetó Zabaleta. Berni le recordó su pasado con Randazzo. Como resultado, el ministro estuvo ausente de la primera reunión para delinear el Plan Centinela, dos semanas atrás, en Olivos.

Mas allá de las cuestiones de “estilo” y políticas (Berni ya no esconde su deseo de ser candidato), sumadas a la cada vez más probada responsabilidad de la bonaerense en la desaparición de Facundo Castro, es difícil encontrar críticas al funcionamiento de Berni como ministro. En los hechos, reordenó el esquema deficitario heredado de Ritondo y sus hombres están presentes en los municipios, con eficiencia a la hora de responder sobre algunos problemas puntuales que se le trasladan.

Un dato del nuevo plan: Nación distribuirá los fondos directamente a los municipios, que licitarán las adquisiciones, y no la Provincia, por lo que Berni no manejará los recursos. La repartija a cada municipio será en función de su cantidad de habitantes. Se estima que los efectos de la inversión se verán recién a fin de año.

A diferencia de otros momentos de hegemonía del peronismo en la provincia y la Nación, el Gobierno no tiene intenciones de mirar para otro lado y dejar que la oposición utilice el tema, sobre todo electoralmente. Los intendentes, mucho menos. En La Matanza, por caso, se lanzó ayer el Consejo Municipal de Seguridad, con participación incluso de concejales de Cambiemos. Si bien la política en la materia se define en La Plata y en La Rosada, se eligió mostrar un municipio activo en la resolución del problema.

Pero la oposición también juega sus cartas en el asunto. En Quilmes, donde un jubilado de 71 años asesinó a un ladrón en una entradera, ex funcionarios ligados a la gestión del ex intendente Martiniano Molina organizaron y participaron de una marcha contra la inseguridad. Por caso, el ex concejal de Cambiemos por Quilmes, Julio Ramírez, se presentó como vecino y le habló a los canales de TV que fueron a cubrir la manifestación. “Eso no fue una marcha de seguridad, fue una marcha política de los mismos que dejaron al municipio sin la mitad de las cámaras de vigilancia”, dijeron desde la intendencia. “Crece la desigualdad y crece el delito.  Desde el municipio, uno tiene un límite  porque tenemos la misma cantidad de efectivos y móviles que en 2019. Nosotros podemos aportar desde el equipamiento y tenemos 21 Compromisos de gestión para que los vecinos nos evalúen cuando termine el mandato. Algunos están vinculados con la seguridad. Pero el recurso no alcanza para la extensión territorial y la cantidad de habitantes. Tanto Alberto como Axel lo saben y esta semana se va a lanzar un plan integral de articulación entre nación y provincia que es muy necesario”, dijo la intendenta Mayra Mendoza en una entrevista reciente con Página/12.

Otro que disparó contra el Gobierno fue el intendente cambiemita de Tres de Febrero, Diego Valenzuela. Dijo estar “preocupado por los problemas de la seguridad. La tasa de delitos volvió a los niveles anteriores a los que había antes de que se dispusiera la cuarentena y la violencia está en aumento. Queremos que el gobernador Axel Kicillof nos comuniqué cuál es el proyecto de seguridad, ya pasaron siete meses desde que asumió en el cargo”. Un dirigente que lo conoce bien y tiene su base territorial en Pablo Podestá, zona caliente en inseguridad, demolió esa posición. "Es un caradura, durante la gestión de Vidal los homicidios en ocasión de robo crecieron de forma exponencial y él se quedaba de brazos cruzados”, dijo a este medio. “Lo que vemos en el territorio es la misma situación que antes de la cuarentena, se ve la misma situación, que se agrava año tras año”, concluyó.

Así las cosas, se sabe que el problema afecta sobre todo a los sectores populares, que ya vienen además golpeados por la crisis que se heredó del macrismo y que profundizó la pandemia. Hay una cosa clara, para todos: esos son votos del peronismo y, lejos de los errores del pasado, la idea es no descuidarlos. El anuncio del jueves dará en parte las herramientas para dar una solución, cuyos alcances se verán en las urnas el año que viene.