Una nueva polémica se desató alrededor del Gobierno con un reordenamiento en la estructura de la Oficina Anticorrupción, conducida hoy por Félix Crous. Según se supo en estas horas, la OA disolvió su área de litigios y ya no actuará como querellante en causas penales. Esto afectará la participación del organismo en causas contra funcionarios y ex funcionarios.

La medida, producto de una reorganización de áreas y de personal, fue formalizada por Crous a través de una resolución. “Un análisis preliminar de la situación ha permitido comprobar que los recursos profesionales de esta oficina han sido asignados de un modo tal que la Dirección Nacional de Litigio Estratégico ha recibido un tratamiento privilegiado en desmedro de su par de investigaciones; y más aún de la destinada a la prevención de la corrupción y la promoción de la integridad y la transparencia”, explicó Crous.

En tanto, dentro de los expedientes que ya están en juicio, la OA se mantendrá hasta que termine la recepción de la prueba o haya sentencia. La eliminación de su rol de querellante en causas penales fue tomada con críticas por parte de la oposición, que ven en este hecho una nueva maniobra del oficialismo para garantizar “impunidad a la corrupción K”.

Cabe destacar que, durante la era de gobierno de Cambiemos, la Oficina Anticorrupción –entonces en manos de Laura Alonso- fue uno de los principales bastiones del macrismo para avanzar con causas en contra de Cristina Fernández de Kirchner como Los Sauces y Hotesur.

“A los familiares y las víctimas de la tragedia de Once, les mando un abrazo. Sé que ellos seguirán hasta el final. Hoy la Oficina Anticorrupción los abandonó. Ellos cuentan conmigo: una ciudadana más. Quiero reconocer el trabajo de todos los abogados de la OA que con rigurosidad y con profesionalismo lograron hitos históricos en los juicios y las condenas de los corruptos. Ahora el verdugo tira abajo su esfuerzo”, manifestó en las redes sociales la ex titular de la OA, Laura Alonso.

El anuncio impulsó un duro comunicado firmado por los referentes Juntos por el Cambio. También hubo una denuncia penal firmada por los legisladores Jorge Enríquez, Graciela Ocaña, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y el radical Álvaro de Lamadrid.