En medio de una fuerte campaña de la oposición y sus medios afines para desgastar la imagen positiva del gobierno de Alberto Fernández , que tuvo a la "liberación de presos" como el tema de la semana, se conoció que los datos aportados por la jueza de Ejecución de Quilmes, Julia Márquez -que protagonizó fuertes apariciones mediáticas donde aseguraba que en la Provincia se  liberaron 176 abusadores y violadores y a otros más de diez mil reos sentenciados  por delitos contra la propiedad y unos 276 por delitos contra las personas- eran completamente falsos. No sólo mintió sino que bajo su responsabilidad le otorgó domiciliaria a un homicida por considerarlo "población de riesgo". 

Según consultaron desde Página/12 a la Cámara de Casación Penal Bonaerense, los datos aportados por la jueza no son tales ni tienen ellos ese relevamiento.

Además, como si la mentira fuera poco, se supo ayer que Márquez envió a su casa a comienzos de abril a Víctor Manuel Carrizo, un homicida condenado a 11 años de prisión por tener factores de riesgo de contraer COVID-19. Y para sumarle otra falta, la Corte Bonaerense le había cerrado antes el juzgado porque había vuelto de Italia y fue a trabajar con síntomas. 

Cabe recordar que Márquez integra la organización Usina de Justicia cercana al macrismo y adquirió fama en marzo cuando regresó de un viaje a Italia y comenzó con síntomas compatibles con Covid-19. Como había ido a trabajar a su juzgado, la Corte Bonaerense dispuso cerrar su juzgado el 11 de marzo.