La Justicia abrió una investigación contra el presidente Mauricio Macri, y los exministros de Energía, Juan José Aranguren y Javier Iguacel, por intentar privatizar "a precio vil" las centrales termoeléctricas Ensenada de Barragán y Brigadier López, a través del decreto 882/2017, publicado el 1 de noviembre de 2017 y firmado por el Jefe de Estado. La denuncia la radicó el Frente para la Victoria (FpV).

Los diputados nacionales, Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y Adrián Grana, presentaron un escrito en 2018 en la que señalaron que durante el proceso licitatorio de las termoeléctricas "ocurrieron numerosas irregularidades" y en ese sentido exigieron que se indague en lo que ocurrió. 

De esa manera el juez Daniel Rafecas dio la orden al fiscal Gerardo Pollicita a investigar al Presidente y a los ex ministros. Además pondrá un ojo sobre el titular de Ieasa -la ex Enarsa-, Mario Dell Aqua; el director ejecutivo y gerente de termoeléctricas de Ieasa, Alberto Raúl Brusco; el gerente de control de proyectos de Ieasa, Adolfo Marcelo Piccinini; el ex presidente de Enarsa, Hugo Balboa; y el empresario Ángelo Calcaterra, dueño de Iecsa, histórica empresa del Grupo Macri.

Los legisladores del FpV advirtieron que la central Barragán fue tasada por el Estado en más de 305 millones de dólares y un monto mínimo de oferta en efectivo de 229 millones de dólares. Además que la valuación oficial para Brigadier López fue de 207 millones de dólares con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. El total casi llega a los 400 millones de dólares menos que el valor real de las usinas.

En ese sentido cuestionaron "¿cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 -Barragán- y 110 -Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?".

Entre las irregularidades que mencionaron los diputados, se puede mencionar que "Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia de Mauricio Macri".