La novela del aumento de las tarifas de luz y gas parece estar llegando a un punto de clímax, al menos por este 2022. La disputa que comenzó hace un año entre la cartera de Economía y el kirchnerismo, representado por el subsecretario de Energía Eléctrica Federico Basualdo, terminará de definirse la semana que viene cuando, mediante audiencias públicas, se determinen los aumentos que regirán para lo que queda del año. En modo zen frente a cachetazos que el kirchnerismo le propina semana a semana a través de los medios, Guzmán tiene su hoja de ruta trazada y sólo le resta el para nada sencillo escalón de las audiencias públicas, que serán los próximos martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de mayo. Los aumentos comenzarán a regir desde  el 1 de junio.

Tras el descongelamiento post 2020, el debate sobre las tarifas se convirtió en uno de los ejes centrales de las disputas entre el sector albertista y el kirchnrismo. Plenamente abocado a reducir la masa de subsidios para mostrar números al gusto del FMI en medio de la negociación por el acuerdo, Guzmán intentó una suba tarifaria en 2021 que chocó de frente con la postura del kirchnerismo de mantenerlas lo más pisadas posible para sostener el poder adquisitivo de la población. Guzmán intentó desplazar de su cargo a Basualdo, quien se atrincheró con la banca kirchnerista y resistió en el embate. De allí en adelante, la novela tuvo varios capítulos que hoy parecen acercarse a una solución de alguna forma intermedia entre ambas posiciones.

En su momento, la línea Basualdo fue que las tarifas no debían aumentar más del 20%. El propio Ministro Guzmán se encargó de responder frente a esos planteos que la lógica de los aumentos homogéneos para toda la población resultaba regresiva porque favorecía a los sectores mejor posicionados económicamente, que los subsidios tal como estaban planteados eran “pro ricos” y que se precisaba de una segmentación para aumentos progresivos. Desde Economía establecieron tres segmentos diferenciados para el nuevo cuadro tarifario y requirieron a la subsecretaría de Basualdo la elaboración de un plan para concretar esa segmentación. Basualdo recogió el guante y elaboró ese plan de segmentación basándose en un criterio geográfico, según el cual los barrios más acaudalados del AMBA serían los que pasarían a pagar la tarifa plena.

Desde Economía consideraron poco preciso ese plan, y la cosa quedó en veremos hasta que finalmente el mes pasado un jugador de Guzmán dentro de la Secretaría de Energía presentó una nueva propuesta, que incorpora lo planteado por el área de Basualdo pero lo profundiza agregando criterios de poder adquisitivo para discriminar los segmentos. El informe fue elaborado por Santiago López Osornio, subsecretario de Planeamiento Estratégico y funcionario del mismo orden jerárquico de Federico Basualdo.

Osornio fue nombrado en ese cargo en agosto del 2021 luego de la renuncia de Javier Papa, otro funcionario que respondía a Guzmán dentro de una Secretaría de hegemonía kirchnerista. Papa fue noticia a principios de marzo de este año porque, tras haber renunciado a aquella subsecretaría en agosto del 2021, se sumó al grupo de asesores de Martín Guzmán en Economía, cargo al que también renunció planteando fuertes críticas a otros sectores de la Secretaría. El tema pasó de largo y nunca se aclaró si los fuertes dichos de Papa eran referidos a Basualdo o incluso al secretario Martínez.

Así es que Osornio, la resistencia de Guzmán dentro de la Secretaría de Energía, es quien finalmente terminó de establecer los criterios que se someterán a audiencias públicas la semana que viene y regirán la quita de subsidios. Por ahora desde el kirchnerismo o del propio Basualdo no trascendieron críticas directas al esquema propuesto, y habrá que ver si el criterio conforma a todos y avanza o en los próximos días se producen nuevos chispazos.

QUÉ DICE EL INFORME SOBRE LA QUITA DE SUBSIDIOS

También a principios de marzo y con el acuerdo con el FMI en vías de ser aprobado por el Congreso, el Ministerio de Economía definió tres segmentos diferenciales y estableció los montos de los aumentos. El 10% de los hogares con mayor poder adquisitivo dejaría de ser subsidiado, un sector intermedio percibiría aumentos del 42,7% y los beneficiarios de la tarifa social del 21,4%. A esos porcentajes se llegaba mediante un cálculo sobre el aumento el año anterior del coeficiente de variación salarial (CVS), lo cual permitiría mantener los aumentos tarifarios en línea con los aumentos del salario. Los usuarios del sector intermedio pagarían este año y el que viene un aumento igual al 80% del incremento del CVS del año anterior, y los del sector más protegido verían aumentadas sus facturas en un 40% de ese incremento del CVS. Lo que restaba era definir cómo se determinaría quién quedaba dentro de cada uno de esos tres sectores y eso es lo que finalmente se informó en estos días.

El informe de López Osornio estableció, además del criterio geográfico, requisitos económicos y de poder adquisitivo para determinar quiénes entrarán dentro del 10% que perderá todo el subsidio. Se definieron seis criterios en total. Los dos primeros responden a la segmentación geográfica que había elaborado el área de Basualdo: por un lado, los barrios ubicados en el “polígono” de alta capacidad de pago, entre los cuales se cuentan Puerto Madero, Recoleta, Palermo, Núñez, y algunas zonas de otros barrios porteños, mientras que el PBA afecta a los partidos Vicente López y San Isidro. El segundo criterio geográfico incluye a los barrios cerrados o countries.

Lo que agregó el área de Planeamiento Estratégico en materia de poder adquisitivo son los criterios de tener ingresos superiores a 3,5 Canasta Básicas Totales de un hogar tipo 2 del Indec, lo cual equivale a $314.000, tener tres o más inmuebles registrados, tener tres o más vehículos con menos de cinco años de antigüedad, o tener aviones o embarcaciones de lujo. Con cumplir al menos uno de estos seis criterios ya se entra en el 10% que dejará de recibir subsidios.

El criterio geográfico que había propuesto el Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) dependiente de la subsecretaría de Basualdo se basaba en el valor inmobiliario de los barrios de la CABA y la PBA, y recortaba un universo de 480.359 usuarios residenciales, correspondiente al 9,95% de la población del AMBA. El criterio ampliado por el informe de Osornio determina que serán 921.778 los usuarios que dejarán de percibir el subsidio a la energía eléctrica y 760.600 los titulares del servicio de gas residencial que tampoco recibirán subsidios.

En el otro extremo de la segmentación, quienes recibirán la mayor asistencia del Estado vía subsidios serán jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; quienes habiten en los barrios populares identificados por el Renabap; monotributistas de categorías con ingresos mensuales menores a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y titulares de programas sociales, Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, de certificado de discapacidad, entre otros.

En el sector intermedio quedarán todos los usuarios que no califiquen en ninguno de los dos extremos mencionados. La identificación de los hogares en cada caso no será una tarea sencilla, ya que se presentan múltiples dificultades como el hecho de titulares del servicio que no son los verdaderos habitantes de un hogar, falta de información, etc. En este sentido, desde Planeamiento Estratégico afirman tener identificados y con posibilidad de ubicar en el segmento adecuado al 59,4% de los suministros en el caso de energía eléctrica y el 69% en el caso del gas a nivel nacional.

Frente a la posibilidad de que se cometan errores en la asignación de los segmentos, el documento de Osornio expresa que la autoridad de aplicación deberá implementar un sistema ágil de reclamo y solicitud de reconsideración del segmento al cual un usuario pueda corresponder. Dicho sistema deberá contar con un formulario web, una central telefónica y atención personal.

LA RESISTENCIA DE GUZMÁN AL OPERATIVO DESGASTE

Con estos puntos definidos, el principal blanco de las críticas kirchneristas dentro del equipo económico del Gobierno toma aire, resiste y sobrevive. El bombardeo en su contra ya se ha vuelto una constante y cada semana suma nuevos episodios. Al palazo con nombre y apellido propinado por Máximo Kirchner el fin de semana, cuando dijo en un discurso “¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo y que no se involucra en las disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, hoy se sumó una fuerte acusación por parte del Cuervo Larroque. El Ministro de Desarrollo a la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y secretario general de La Cámpora disparó con munición pesada afirmando que son Guzmán, Kulfas, Moroni, y por elevación Alberto Fernández quienes están construyendo la derrota de 2023.

Tanto Máximo Kirchner como Larroque tienen alquilado a Guzmán, y parecen embarcados en un operativo desgaste contra el Ministro a quien identifican como el principal responsable de la pérdida del poder adquisitivo del salario en la puja distributiva, lo que a su vez es visto como la razón principal en la caída de la imagen y la aceptación Gobierno por parte de la población. No es ningún secreto que la cabeza de Guzmán es la que más cotiza en el afán kirchnerista de limpieza del Gabinete, y la estrategia parece ser pegarle al Ministro hasta desgastarlo lo suficiente como para que su reemplazo se caiga de maduro.

La encerrona es que, en el tironeo de la interna, para Alberto Fernández entregar a Guzmán sería como entregarse a sí mismo. Tal como está el nivel de tensión, cuanto más dispara el kirchnerismo contra el Ministro de Economía, más acorrala al Presidente y lo obliga a aferrarse a Guzmán por una cuestión de supervivencia. La línea que baja desde el Ejecutivo es no entrar en polémicas y dedicarse a gestionar, apostando a que el crecimiento económico por fin derrame y un mejor contexto le reste sentido a las críticas internas.

En ese laberinto se mueve el equipo económico y la semana que viene tendrá una parada clave en las audiencias públicas. Si Guzmán logra sacar adelante el cuadro tarifario segmentado que terminó de definir, podrá anotarse el porotazo de haber resistido todos los embates en un tema que estalló la interna mucho antes que el acuerdo con Fondo terminara de dinamitarla. Pero hay un punto intermedio antes de las audiencias que comenzarán el martes próximo.

El viernes habla CFK, quien quedó muy enojada con el Ministro porque no le informó importantes detalles finales de la negociación con el FMI antes de cerrar el acuerdo. Con el sistema político argentino girando desde hace más de una década a su alrededor, la palabra de Cristina puede modificar cualquier escenario. Restará ver si los dardos de Máximo y Larroque de estos días fueron sólo las balas de fogueo de cada semana o un preludio de algo mayor.