La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vuelve a insistir con la implementación de las pistolas eléctricas Taser y ya ordenó la compra de 300 nuevas unidades que buscaría utilizar, en principio, en estaciones de trenes y aeropuertos. El plan nacional es impulsado por la Ministra y su secretario, Eugenio Burzaco, que se concretará mediante licitación para adquirir las picanas “Taser X 26”, valuadas en alrededor de 3.000 dólares cada una.  

Burzaco confirmó la compra de las pistolas Taser, que consideró como fundamentales para que un policía pueda detener a “un delincuente en una situación donde esté con un cuchillo, una botella o sacado por las drogas, por ejemplo”.  

La intención de utilizar este tipo de armas ya había sido cuestionada tanto por organismos de Derechos Humanos como por la oposición. Es que en 2016, la Corte Suprema de Justicia decidió avalar la posibilidad de uso de las Taser y desestimó un amparo de 2016 que denunciaba la peligrosidad de las armas. 

“Si una ministra como Bullrich felicita a policías asesinos como Chocobar, habilitando un accionar criminal en las Fuerzas, ¿qué se puede esperar de su política para la utilización de un arma de tortura como las Taser?”, manifestó la organización H.I.J.O.S a través de las redes. 

En la provincia de Buenos Aires, el ministro de Seguridad provincial, Cristian Ritondo, ya había dispuesto la compra de una tanda de pistolas destinadas al Grupo Halcón y otros grupos de especiales.  

“Amnistía internacional advirtió en 2007 sobre las consecuencias de equipar a las policías con pistolas Taser. Donde su uso se ha extendido, crece año tras año el número de muertes que tienen lugar luego de su empleo”, agregaron desde H.I.J.O.S. 

En este caso, la nueva etapa impulsada por nación para combatir el delito, buscaría implementar las pistolas en zonas de aglomeración donde no podrían usarse armas de fuego. El planteo comenzaría en estaciones, trenes y aeropuertos.  

La Taser tiene un alcance de 8 metros y genera sucesivas contracciones musculares por segundo que terminan por inmovilizar el cuerpo. Su aplicación ha sido cuestionada por organismos internacionales debido al riesgo que generan. 

No obstante, el Gobierno –antes limitado por la necesidad de modificar la imagen de “mano dura” de Macri- ahora se siente en confianza de avanzar con la polémica medida.