Ante el juez Luis Rodríguez, el ex titular de la cartera de Economía y ex representante de la empresa Shell, Juan José Aranguren negó haber beneficiado a las petroleras durante su gestión en la que decidió avanzar con los aumentos al precio del gas.

"En ningún momento tomé una decisión relacionada a mi anterior empleador. Así que no tengo ningún problema, eso es lo he ratificado ante el juez", aseguró tras declarar en diálogo con la prensa.

En este marco, el ex ministro aseguró que no hubo ningún beneficio a las empresas. “El incremento en el precio del gas no le llega a las compañías petroleras. Porque el precio que recibieron entre 2016 y 2017, que es lo que aquí se denuncia, era el mismo que provenía de un plan diseñado por la anterior administración. El incremento del precio que sufrieron los usuarios residenciales provocó una reducción del subsidio de parte del Estado. O sea que en ningún momento las empresas se vieron beneficiadas por el aumento del precio que pagaron los consumidores de gas en sus casas”, aclaró.

"Estoy tranquilo con mi conciencia. Se lo que hecho fue conforme a lo que la ley obliga y por lo tanto será el juez el que tome la decisión de sobreseerme o procesarme", aseguró.

En este marco, luego de ser consultado por la compra de gas a la misma empresa en Chile, explicó que fue “reemplazo” del gas proveniente de Bolivia y que “era siempre más conveniente importar gas previamiente regasificado en Chile que consumir gasoil, lo cual le significó al Estado Nacional un ahorro de 54 millones de dólares”.

“Nunca me interesé por un proveedor, siempre fue en beneficio del interés público", sostuvo Aranguren. “Será cuestión de lo que decida el juez. Yo estoy muy tranquilo. Es el juez el que tiene que decidir”, ratificó.

En la causa también está involucrada la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso -quien pidió postergar su declaración- a la que se la acusa de no haber investigado la incompatibilidad denunciadas entre el funcionario y accionista, hasta 2016, de Shell. Vale recordar, que la causa se inició ese mismo año, tras la denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade y Mario Doñate.