Aquí en Europa, miramos hacia Argentina y la constante precariedad económica y en particular los ciclos periódicos de crisis económicas que aguantan los argentinos nos desconcierta. Admiramos la capacidad de recuperación de ustedes, mientras nos deja perplejos en cuanto a cómo sus gobiernos se salen con la suya.

¿Pero cuál es la fuente de tal inestabilidad? ¿Hay una salida?

Primero, es importante destacar que el capitalismo es un sistema inherentemente inestable. Genera gran riqueza para una pequeña minoría por un lado, pero por el otro produce tanto cada vez más deseos que son demasiado elevados para cumplirse, como desafectos políticos para la mayoría. Pero este sistema también es propenso a las recesiones cíclicas, independientemente de si estamos hablando de una economía de la periferia o del centro. Sin embargo, es cierto que Argentina ha experimentado depresiones económicas particularmente profundas y crisis especialmente frecuentes en los últimos cuarenta años en comparación con otras naciones.

Los economistas han explicado esto debido a las numerosas características de su economía. Su modelo tradicional agroexportador lo hace susceptible a la fluctuación de la demanda mundial, los precios globales de las materias primas, el valor del dólar estadounidense, las tasas de interés internacionales y las condiciones climáticas. Desregulación incremental desde 1976 ha dejado la prosperidad del país al capricho de los especuladores occidentales que frecuentemente sacan sus inversiones y facilitan el colapso de la economía a la primera señal de problemas. Los términos de intercambio históricamente débiles del país significan que, al igual que en otros países semi-periféricos, sus recursos naturales están abiertos a la explotación por parte del capital occidental y que prevalecen los déficits en la cuenta corriente.

Otras características dejan a la gran mayoría de la población expuesta cuando las crisis golpean. La falta de reforma agraria en comparación con el resto de América Latina ha mantenido la riqueza y la propiedad concentradas en pocas manos. Esto agrava la desigualdad y deja a los pequeños agricultores vulnerables durante las épocas difíciles. Mientras tanto, las bajas tasas de ahorro dejan a la población urbana sin una red de seguridad en tiempos de crisis. Además (y esto puede sorprender a algunos), los argentinos en términos comparativos a nivel internacional, han sufrido un nivel históricamente bajo de posesión de capital humano en relación con su PIB. Este ha permanecido especialmente bajo en las provincias. Junto con la alta concentración de riqueza mencionada anteriormente, la corrupción endémica y las instituciones débiles, significa que no todos los barcos suban por igual durante los buenos tiempos. Los beneficios del crecimiento son disfrutados por una proporción de la población relativamente pequeña, mientras que, durante las recesiones, el pueblo carece de las dotaciones humanas, físicas y financieras necesarias para recuperar sus medios de vida.

Pero de todos estos factores, su némesis puede describirse en una sola palabra. Deuda.

Desde la crisis económica de 1982-3 causada por una deuda externa masiva asumida por la dictadura militar, hasta la Década Perdida de los 80, que culminó en la crisis hiperinflacionaria de 1989, hasta el catastrófico default de 2001, al ridículamente llamado default "técnico" (o como yo lo llamo "impuesto") ejecutado por el juez neoyorkino Thomas Griesa en 2014, todos han sido inducidos por el endeudamiento externo, la condicionalidad del FMI y la especulación extranjera, a menudo con la complicidad de los respectivos gobiernos nacionales.

Esto nos lleva a la reciente crisis financiera. Comenzando con la capitulación del Presidente Macri ante los fondos buitre norteamericanos en términos totalmente desfavorables (1.180% de ganancias según Stiglitz) que agregaron US$ 14 mil millones a la deuda, además de una mala gestión económica, con reformas que hicieron más fácil la fuga de hot money de los especuladores extranjeros del país, y la acumulación de déficits comerciales récord desde 2016 los cuales han exacerbado aún más la deuda.

La fuga de capitales y la consiguiente crisis cambiaria que presenciamos en 2018 se vieron impulsadas por el endeudamiento récord asumido por el gobierno de Cambiemos desde diciembre de 2015. Mientras la deuda nacional se duplicó en tan solo tres años al 70% del PIB, el éxodo de los inversores fue provocado por su ansiedad sobre la capacidad de Argentina para cumplir con sus pagos de deuda. Esto culminó cuando el Presidente Macri vergonzosamente presentó su tazón de mendicidad al FMI y recibió un préstamo récord de US$ 57 mil millones para evitar otro default. El ajuste que el FMI exige en cambio recortes del gasto público del orden del 74% del financiamiento a las provincias, 48% en subsidios y 81% de gastos de capital, entre otros rubros. 

Sin embargo, a pesar de la magnitud del sacrificio fiscal al que se comprometería el gobierno argentino, no se prevén escenarios orientados a la generación del flujo de divisas que el país necesita para cancelar la totalidad de sus compromisos externos, sin incurrir en escenarios de default. Esto está empeorando las dificultades ya severas que enfrentan muchos argentinos a medida que aumenta el costo de los servicios públicos, se suspenden las obras de infraestructura pública, bajan las jubilaciones y reducen los derechos laborales. Ahora nos encontramos ante la situación extraordinaria de que los pagos de intereses de la deuda pública (un 49% después del acuerdo) se han convertido en el elemento más importante del gasto del estado, superando la salud, la educación y bienestar social. Según un informe preliminar de la Secretaría de Finanzas del gobierno de días atrás, la deuda nacional actualmente llegó a US$ 321 mil millones, sin incluir las deudas de las Provincias y el Banco Central de la República Argentina. Cuando se toma en cuenta las devaluaciones de la moneda, eso es un fenomenal 99.5% del PIB.

Sin embargo, aunque las tasas de interés más altas del mundo (60%) y los recortes al gasto público solo llevarán al país a una recesión cada vez más profunda, a una crisis perpetua y más endeudamiento a largo plazo, en lugar de resolver esta última, el gobierno del Presidente Macri ha cometido un crimen económico realmente imperdonable. La gran parte de la evidencia apunta al hecho de que su Nuevo Modelo de Endeudamiento condenará no solo a la generación actual, sino a sus hijos y nietos al ajuste y la miseria por décadas.

Esto se debe a que, aunque los niveles de deuda se han vuelto insostenibles, hoy en día las posibilidades de una reestructuración voluntaria de pagos son casi imposibles.

Tras el default de 2001, en 2005 y 2010 los gobiernos kirchneristas lograron  reestructurar el 60 por ciento de la parte renegociada de la deuda. Sin embargo, en el futuro, tal negociación con especuladores extranjeros va a estar efectivamente embargada, dado que el fallo del Juez Griesa en Nueva York en 2014 a favor de NML y Aurelius estableció un precedente legal que ha eliminado cualquier incentivo para que los acreedores reestructuren el valor de sus bonos, sabiendo que pueden apelar con éxito ante los tribunales para reclamar el 100% de la deuda que se les debe. Esa decisión confirmó que el derecho de los especuladores a obtener ganancias multimillonarias supera al de una nación soberana para defender el bienestar de sus ciudadanos bajo la ley internacional.

En contraste, algunos apuntan a cómo la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó en 2015 la Resolución 69/319 que adoptó nueve principios que deberían guiar los procesos de reestructuración de la deuda soberana: soberanía, buena fe, transparencia, imparcialidad, tratamiento equitativo de los acreedores, inmunidad soberana, legitimidad, sostenibilidad y la reestructuración mayoritaria y como estos ofrecen esperanza a Argentina para un escape justo y seguro cuando inevitablemente se produzca o una reestructuración  preventiva o tras un default. Sin embargo, en las principales reestructuraciones que se han producido desde entonces, pocos de esos principios han sido respetados. Aunque solo seis países votaron en contra, incluyen las dos principales jurisdicciones para acordar préstamos soberanos, los EEUU y el Reino Unido. Eso no augura nada bueno para Argentina.

De hecho, los argentinos son conscientes de estos peligros. El 75% rechaza el préstamo standby y el retorno a la servidumbre económica del FMI que ha sido acordado por el Presidente.

Entonces, ¿hay una ruta de salida a lo largo de este camino al infierno?

Lo que se necesita con urgencia en estos momentos de emergencia nacional es pensamiento creativo, más allá de los límites neoliberales que son los mismos que nos llevaron al precipicio. Por cierto, se necesitan políticas que estimulen la economía, no que la contraigan. Deben implementarse controles sobre el comercio y los movimientos de capital para evitar una mayor fuga de capitales. El aumento de los impuestos sobre las transacciones financieras y sobre los actores económicos más ricos del país también es una necesidad.

Sin embargo, ninguna de estas políticas tratará directamente con la deuda en sí. En cambio, el gobierno actual de Argentina, o probablemente el próximo dado la falta de voluntad de Cambiemos, debe desafiar abiertamente la legitimidad y, hasta la legalidad de su deuda externa y las inversiones posteriores realizadas sobre el altar del capitalismo de casino. De hecho, los orígenes de su deuda se remontan a la brutal dictadura militar de los años setenta y ochenta. No solo la deuda fue acumulada de manera inconstitucional e inmoral por un régimen genocida que desapareció a 30,000 ciudadanos sino también el Juez Jorge Ballesteros en el Caso Olmos en el año 2000 falló que la deuda era "fraudulenta y arbitraria", habiéndose acumulado a través de más de 400 actos separados corruptos, ilícitos e ilegítimos. Estos continúan siendo objeto de un proceso judicial hasta hoy.

El principio legal básico es que ningún acto ilícito se puede legalizar posteriormente, o servir de base para un acto legal como las compras de bonos posteriores. Sobre esa premisa, toda la deuda del sucesor cae, anulándose su legalidad y, por lo tanto, el valor de las inversiones realizadas en ella.

Por lo tanto, es el momento oportuno para que se realice una auditoría de la deuda pública y se cancele la proporción de la deuda con origen ilegítimo.

Esta no es una solución particularmente radical. De hecho, el Presidente Alfonsín lidió con la idea por primera vez a mediados de los años ochenta. En cualquier caso, varios países ya han realizado tales auditorías y no solo han sobrevivido para contarlo, sino que hoy cuentan con economías prósperas. Por ejemplo, en 2008, el Presidente Correa de Ecuador estableció una Comisión que descubrió que la gran parte de su deuda nacional era ilegítima. A través de la suspensión de pagos parcial y la recompra selectiva, la carga de la deuda del país se redujo en un 70% (por US$ 3 mil millones) y se convirtió en una de las economías de más rápido crecimiento en la región en los años posteriores. En Islandia, en 2010, el pueblo votó a favor de negarse a asumir las deudas externas de sus bancos y se han beneficiado enormemente al hacerlo, con el auge económico de la economía y una caída del desempleo a tan solo 3% hoy en día. Mientras tanto, en Francia en 2014, una auditoría de deuda ciudadana dirigida por el economista Michel Husson encontró que el 60% de su deuda pública era ilegítima. Las auditorías de deuda pública son factibles y el negar a pagar no tiene por qué significar un Armagedón financiero.

Por supuesto, una auditoría y cancelación de la deuda no sería una fórmula mágica. Debería llevarse a cabo con el apoyo del público, dentro del marco legal trazado por el Caso Olmos y junto con algunas de las sugerencias de políticas anteriores. Esto conllevaría un dolor a corto plazo y podría ser necesario retrasarlo hasta después de que se pague la cuota final del préstamo del FMI en 2020, para no provocar un default inmediato. También podría llevar a Argentina a convertirse nuevamente en un paria en los mercados financieros internacionales. Sin embargo, dada que precisamente fue esta circunstancia que permitió que el país se convirtiera en la economía de más rápido crecimiento en el hemisferio occidental después del default de 2001, tal peligro se sobrestima.

Los beneficios del crecimiento, generación de puestos de trabajo, la reducción de la pobreza y la redistribución de la riqueza generados por la cancelación de una parte importante de la carga de la deuda de una vez por todas, y poder recuperar la soberanía nacional económica, serían realmente inimaginables. A más largo plazo, se reducirían drásticamente las posibilidades de que se produjeran crisis derivadas de la deuda nuevamente. Los argentinos no tienen nada que perder excepto sus cadenas (de deuda).

* Doctor en Sociología. Profesor de la Universidad de Middlesex, Londres. Presidente Académico de Jubilee Debt Campaign y miembro de Action for Argentina UK. Twitter: @danozarow