Las últimas semanas fueron claves para la provincia de Buenos Aires y el desenlace del primer capítulo de la renegociación de su deuda. En sintonía con el Gobierno nacional, desde un principio su postura fue demostrar que la voluntad de pagar estaba, no así la capacidad para hacerlo. A tres semanas de solicitar a los inversores la postergación al 1 de mayo del pago de USD 250 millones de dólares del BP21, aún no se sabe si logrará contar con la adhesión del 75% de los bonistas necesarios para el acuerdo. De no hacerlo, las autoridades provinciales deberán decidir si cumplirán con el pago, o si finalmente la provincia entrará en default, quedando expuesta a todas las consecuencias que eso implica.

Para comprender la perseverancia de la provincia para aprobar la enmienda, basta hacer un breve repaso del ajustado cronograma de pagos que debe enfrentar en el corto plazo: los vencimientos totales para el mes de enero eran de USD 750 millones (incluidos los USD 250 millones del BP21), los del primer semestre, poco más de USD 2.000 y los del año completo USD 2.700 millones. Además, las dificultades no se acaban en 2020, sino que se extienden a toda la gestión de Kicillof en la provincia, debido a que en los próximos cuatro años debe desembolsar USD 8.400 millones. Y un agravante más: dado que el 80% de esa deuda fue tomada en moneda extranjera, el peso de la deuda se agravaría ante variaciones bruscas en el tipo de cambio.

¿Cuáles son las opciones que, en una situación normal, la provincia tendría disponibles para financiar los vencimientos de deuda? En primer lugar, lo más común es intentar rollovear los vencimientos (financiar la deuda emitiendo más deuda). Esta opción está vedada, en tanto el acceso de Argentina a los mercados voluntarios de deuda está cerrado desde abril de 2018. En segundo lugar, puede acudir a los recursos propios. Sin embargo, en un contexto en que la recaudación real cae hace casi dos años y en el que, debido a la emergencia económica por la que atraviesa la provincia, no es posible seguir ajustando los gastos, esta opción tampoco luce viable.

Existe una tercera opción y es acudir a un rescate o asistencia financiera de la Nación. Pero nuevamente, esta alternativa tampoco es factible. Por un lado, porque el gobierno nacional se encuentra en plena negociación de su propia deuda, y, para que el proceso sea exitoso, debe comprometerse con alcanzar un resultado fiscal que convenza a los acreedores. Asimismo, porque un rescate a Buenos Aires podría generar una ola de reclamos en el resto de las provincias que atraviesan una situación similar. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones, la provincia optó por postergar el pago del BP21 para una fecha en la que se espera que la Nación tenga cerrada su propia negociación y poder usarla como paraguas de la propia. Sin embargo, a pocas horas del plazo límite para la realización del pago, aún no cuenta con el aval del 75% de los acreedores. En ese escenario, la provincia debe optar por pagar o, de lo contrario, entrar en default. ¿Qué es lo que resulta más razonable? A esta altura, que decida cumplir con el pago de los USD 250 millones, debido a que los riesgos de no hacerlo serían muy costosos.

Siguiendo esta línea, uno de estos riesgos está asociado a la propia naturaleza del BP21, que al haber sido emitidos bajo ley extranjera (como el 80% del total de los títulos de esta provincia) contiene dos cláusulas que agravan la situación original. Una de ellas es la cláusula cross default, que implica que, si el BP21 entra en default, también lo hacen todos aquellos bonos que contengan esta cláusula. La cláusula de aceleración es la otra, e indica que ante un evento de cesación de pagos los bonistas tienen derecho a reclamar el pago por adelantado del capital y los intereses del bono.

En paralelo, un evento de estas características sienta un precedente muy negativo para la provincia y podría dejarla afuera de los mercados financieros por mucho tiempo. Sin financiamiento, resulta casi imposible pensar en la salida de la crisis y en una pronta recuperación económica. Además, los ruidos que forjaría en el mercado local dificultarían la renegociación de la Nación, que necesita de una macro lo más estabilizada posible para que los resultados del proceso sean exitosos.  Las advertencias sobre lo que podría ser se vio en las últimas jornadas, cuando el riesgo país volvió a superar los 2.000 puntos básicos y las brechas cambiarias alcanzaron niveles máximos.

La maniobra de partida que planteó la provincia parecía la adecuada, pues buscaba descomprimir en el muy corto plazo el vencimiento del BP21 y amoldarse a la renegociación de la Nación una vez que estuviera resuelta. No obstante, a pesar de los incentivos que fue otorgando para tentar a los bonistas y las sucesivas extensiones del plazo de aceptación, no está claro si alcanzará o no al 75% de las voluntades necesarias. A juzgar por los riesgos implícitos, en caso de que eso finalmente no suceda, la mejor opción es, por lejos, que pague.

*Economista @Elypsisweb. Twitter: @Luciapezza